De forma unánime la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó abrir un expediente de investigación para determinar el actuar de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, luego que en una reunión de personal la jerarca ordenó “no alimentar” a DIARIO EXTRA y CRHoy.com.
La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas del bloque Nueva República, y recibió el respaldo de todas las fracciones representadas.
El Periódico del Pueblo reveló cómo Astorga en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio pasado, producto de una reunión en la que participaron 11 miembros de la institución, desde la Presidencia Ejecutiva hasta la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), hizo un llamado a censurar estos medios de comunicación alegando que tienen el objetivo de privatizar la institución.
Si bien la moción busca determinar si el término “no alimentar”, usado por Astorga, tiene que ver con una decisión de no dar más publicidad, tanto Silvia Ulloa directora de CRHoy, como Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra, han indicado que la orden de la jerarca busca aplicar una censura de información, producto de las denuncias que ambos medios han realizado sobre irregularidades en el manejo de esta institución.
Entre ellas el sobrecobro que AyA realizó a miles de usuarios en las tarifas de agua.
La moción incluye además de la comparecenncia de Astorga, la audiencia con Mario Rodríguez, secretario general de Sitraa y de ambas comunicadoras.
PAGO MILLONARIO
Además de investigar el tema de censura a la prensa, la comisión agregó analizar las razones que llevaron al AyA a perder un arbitraje con la empresa española Acciona Agua S.A., lo que generó una multa de más de ¢3.800 millones.
La institución fue encontrada culpable tras errores que llevaron a detener varios tramos del proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (de mejoras en el alcantarillado sanitario y aguas residuales), que se desarrolla gracias a un préstamo por $73 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta el momento la institución no ha dicho de dónde sacará los recursos para pagar la multa producto de los errores en esta demanda.
Las fechas de las audiencias aún no han sido determinadas.