Jefe de Proveeduría de JAPDEVA y contratista condenados a prisión
Se les condenó a 8 años de cárcel
El jefe del Departamento de Proveeduría de JAPDEVA y un empresario fueron condenados a 8 años de prisión, cada uno por 2 delitos de peculado, tras un manejo irregular de fondos públicos que generó un perjuicio superior a ₵115 millones.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y quedó en firme el 9 de diciembre del 2025. Además, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la inhabilitación de ambos para ejercer cargos públicos por 5 años.
Los condenados son un hombre de apellido Pecou, funcionario de JAPDEVA, y otro hombre de apellido Fonseca, empresario. Mientras la sentencia adquiere firmeza, deberán firmar una vez al mes, mantener su domicilio actualizado, entregar el pasaporte y no salir del país.
Sobre los hechos
“Los hechos acusados por el Ministerio Público ocurrieron en el 2005, cuando la institución inició el proceso de contratación directa para nacionalizar la lancha remolcadora Quribrí y la Grúa Portica Pablo Presbere. El Departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas distintas para que, la seleccionada, realizara los trámites de desalmacenaje y nacionalización.
El Departamento eligió los servicios del imputado Fonseca, a pesar de que él no estaba habilitado para ejercer el cargo de agente aduanero y sin que fuera la mejor oferta recibida bajo criterio técnico.
En julio del 2005 se hizo la adjudicación al imputado por un monto total de ₵168.712.580.14, de fondos públicos, para el pago de impuestos y cargas tributarias.
Sin embargo, según logró comprobar la FAPTA, mediante engaño y con la utilización de un tercer imputado ya fallecido, el cual sí era agente aduanero autorizado, los imputados insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), para realizar un pago mucho menor del que se debía de realizar por el trámite.
Lo anterior permitió que los imputados pagaran únicamente ₵89.000.000 aproximadamente, obteniendo un beneficio indebido de más de ₵76.000.000, monto que no fue justificado ni devuelto a JAPDEVA.
El segundo delito de peculado que comprobó la FAPTA se dio por otro mal manejo de fondos públicos. En agosto del mismo año, Pecou autorizó un nuevo pago, con el pretexto de que las embarcaciones habían caído en abandono, al no ser nacionalizadas en el tiempo debido y que el costo de esa gestión tenía un valor adicional de ₵39.347.286.63, monto solicitado por Fonseca Castañeda.
El dinero fue girado sin que existiera algún documento que acreditara lo dicho por el funcionario, por lo que se provocó un perjuicio económico total de más de ₵115.000.000.
El caso se tramitó en el expediente 06-200220-0472-PE”, destacan las autoridades.