El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una acción conjunta con el Ministerio Público, desarticuló una presunta agencia de sicarios que está relacionada con cuatro homicidios por encargo cometidos en San José en 2021.
La intervención se llevó a cabo mediante 11 allanamientos distribuidos en nueve viviendas y dos centros penales. Además, se efectuaron tres revisiones en cárceles como parte de esta operación.
Entre los puntos intervenidos destacan Hatillo y La Peregrina de La Uruca, en San José; Mozotal de Ipís en Goicoechea; Alajuelita; Mercedes Norte y Getsemaní de Heredia; Guápiles de Pococí; así como Siquirres.
DETENIDOS
Durante los allanamientos detuvieron a individuos de apellidos Pana de 24 años, León de 43 años, Segura de 35 años, Salgado de 40 años, Montero de 33 años, Soto de 43 años, Rodríguez de 22 años y Castro de 36 años.
Mientras que los involucrados que estaban en centros penitenciarios son un hombre apellidado Gutiérrez alias Ántrax de 39 años, Larios de 21 años, Salinas de 25 años, y dos menores de 16 años.
Asimismo, entre las personas que liderarían este grupo estaría el hombre de apellido Gutiérrez conocido como Ántrax, que en apariencia realizaba la coordinación de los homicidios y quien descuenta una pena de ocho años de prisión por infracción a la Ley de Psicotrópicos.
¿CÓMO OPERABA LA AGENCIA?
Trascendió que Ántrax era contactado por diferentes medios en el centro penal La Reforma en Alajuela, al parecer los contactos que tenía le facilitaban la logística para cometer los homicidios, según dio a conocer a DIARIO EXTRA Randall Zúñiga, director del OIJ.
“A Gutiérrez, quien figura como sospechoso y es más conocido como Ántrax, lo contactaban a través de diferentes medios de comunicación a pesar de que estaba en un centro penal y esta persona tenía muchos contactos que le facilitaban la logística para cometer los homicidios”, indicó Zúñiga.
También tenía a su disposición algunas viviendas para alquilar, mediante las que vigilaban o hacían seguimientos, y obtenían también tarjetas de débito para depositar dinero a los gatilleros. También se comunicaban por medio de teléfonos celulares que utilizaban desde los centros penitenciarios.
“Determinamos que hay dos gatilleros que son menores de edad que son de la zona de Guápiles, en el momento en el que se cometieron los homicidios eran menores, ahora ya son mayores de edad, quienes además están en prisión”, amplió el jerarca.
De acuerdo con Zúñiga, por medio de este operativo desarticularon todo el grupo que brindaba la logística para cometer los homicidios.
Según el director del OIJ, el detenido en Hatillo era una pieza clave en la organización porque estaba involucrado con la logística.
“Es una parte importante en la logística, en la obtención de armas, de motocicletas para cometer homicidios y obtenía las cuentas bancarias para hacer depósitos y pagos, también la vigilancia y el seguimiento para saber en qué momento la persona estaba más vulnerable”, explicó.
RECLUTAMIENTO DE GATILLEROS
En apariencia Gutiérrez era de la zona de Guápiles y esto le permitía al sujeto tener contactos para hacer el reclutamiento de personas que se dedican al sicariato.
“Personas que estaban dentro de la misma organización de Gutiérrez, lo que le facilitaba también era la conexión con persona del mundo criminal y esto generaba acciones primarias para poder hacer la logística adecuada para conseguir los insumos para cometer los homicidios”, agregó el funcionario.
En cuanto a lo que cobraban y les pagaban a los sicarios ya las autoridades judiciales lo tienen documentado, pero Randall Zúñiga explicó que no es necesario revelarlo debido a que puede haber interés por parte de otros grupos criminales, de modo que prefiere no brindar esa información. Sin embargo, trascendió que les pagaban 1 millón de colones a los gatilleros.
Por otra parte, en la organización usaban armas de fuego legales, como pistolas 9 mm, lo que según Zúñiga les daba la facilidad para cometer todos los homicidios.
LARGA INVESTIGACIÓN
Los cuatro homicidios se remontan específicamente a 2021, uno de ellos se dio en Sabana Norte, cuando una de las víctimas, un hombre, se iba bajando del bus y aprovecharon para matarlo.
El otro se dio en La Merced, cuando un masculino fue atacado por miembros de esta agencia. La otra persona que murió a manos de estas personas falleció muy cerca del Zurquí y el otro en Alajuelita.
Para el jerarca del OIJ es importante resaltar que, a pesar de que estos delitos se cometieron durante 2021, siguieron con la investigación hasta que lograron hacer los allanamientos y sacar a los sicarios de las calles.
Las víctimas fueron identificadas como Narvaéz de 30 años; Mina, colombiano de 51 años, Castro de 41 años y Núñez de 25 años.
A pesar de que uno de los líderes de esta organización descontaba una pena de ocho años, con estos allanamientos los jueces podrán imponerle una pena más alta.
¿QUÉ PASA CON EL BLOQUEO DE SEÑAL EN PRISIONES?
De acuerdo con Edwin Estrada, abogado de Écija-Legal y ex viceministro de Telecomunicaciones, con base en la ley de lo que coloquialmente se denomina el bloqueo de señales de celular en las cárceles, los tres operadores han venido trabajando normalmente.
Sin embargo, se debe tener claro que estos tres operadores solamente tienen competencia para bloquear de alguna manera las llamadas que salen desde sus redes de telecomunicaciones.
Pero desde las frecuencias asignadas no tienen competencia, ni están autorizados a bloquear cualquier tipo de señal o de otras frecuencias que puedan utilizar los privados de libertad que están en los en los centros para comunicarse afuera.
“Existen otras posibilidades por medio de las cuales estos pudieran estar comunicándose, ya sea por ejemplo con un teléfono satelital, también utilizando wifi, haciendo alguna especie de triangulación con una antena que se encuentre en una casa cercana”, explicó Estrada.
Para el experto es importante que el Ministerio de Justicia y Paz implemente las medidas necesarias para que no se dé el ingreso de dispositivos a los centros penitenciarios.
• Randall Zúñiga
Director del OIJ
“A Gutiérrez, quien figura como sospechoso y más conocido como Ántrax, lo contactaban a través de diferentes medios de comunicación a pesar de que estaba en un centro penal”.
• Edwin Estrada
Abogado de Écija-Legal y ex viceministro de Telecomunicaciones
“Existen otras posibilidades por medio de las cuales estos pudieran estar comunicándose, ya sea por ejemplo con un teléfono satelital, también utilizando wifi, haciendo alguna especie de triangulación con una antena que se encuentre en una casa cercana”.
ACLARACIÓN
En la edición de este martes, se consignó que: “Alcaldes se libran de acusación en caso Cochinilla”, sin embargo, la Fiscalía aclaró que esta investigación no abarcó alcaldes.