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Para evitar la parálisis definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Torito II y poner en marcha una obra planeada desde hace 15 años, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), requiere la inyección de al menos $160 millones (cerca de ¢72 mil millones) provenientes de un socio externo.
Es decir, la compañía cartaginesa requeriría una inyección de capital equivalente a construir al menos cuatro Centros de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), cuyo costo rondó los $35 millones. Aunque en caso de concretarse, desde la institución aseguran que la generación eléctrica producida por la planta podría satisfacer las necesidades de la provincia.
En una entrevista técnica sobre el futuro del proyecto, las autoridades reconocieron abiertamente que financiar la totalidad de la obra con recursos propios resulta inviable, por lo que la única salida es estructurar una alianza empresarial cuya principal esperanza es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“El proyecto requiere una inversión cercana a los $180 millones y ya tenemos $25 millones invertidos ($9 millones desembolsados y el resto en recursos reconocidos contables). Bajaríamos alrededor de $160 millones. Necesitamos un socio que tenga ese capital”, detalló Belisario Solano, presidente de Jasec.
La necesidad de atraer inversión obedece a que asumir la obra en solitario desbordaría los límites financieros de la entidad, por lo que se necesitaría un socio que aporte el capital, además de la necesidad de establecer una alianza con el ICE.
Además, tras los estudios de factibilidad realizados en 2025 aplicados en ocho escenarios distintos, se demostró que Torito II resultaba inviable en todos los contextos en los cuales la compañía cartaginesa asumía por sí sola el desarrollo completo de la planta.
“El proyecto tiene un monto de $160 o $180 millones. ¿Cuánto vale Jasec? Ese es prácticamente el 100% de los activos que tenemos nosotros. No podemos nosotros endeudarnos con el 100% del valor de la empresa”, explicó Deiber Arrieta, jefe del Departamento de Contabilidad de Jasec.
Durante los 15 años que lleva el proyecto desde su creación, la iniciativa ha tenido algunos cambios, reestructurando el diseño original redactado en 2014, apostando ahora por eliminar el embalse flotante de 200 mil metros cúbicos.
“El estudio 2025 nos dice varios datos, nos recomienda construir el proyecto sin el embalse, esos embalses tenían una justificación técnica de dotar al proyecto de alrededor de 20 minutos de reacción por si el proyecto que estaba aguas arriba salía de operación. Hoy en día ya eso no es necesario porque electrónicamente ya se puede realizar el cierre automático de todas las plantas”, subrayó Cristhian Marín, jefe del Departamento de Proyectos de Jasec.
Esta modificación permitió recortar $30 millones al presupuesto, ya que pasó de costar “$207 millones con embalse a $30 millones menos sin embalse”.
Asimismo, se ajustó la potencia de la planta de 60 a 50 megavatios (MW).
“Como nosotros dependemos del agua que nos dé Torito I, que es del ICE, entonces en la actualización de la factibilidad, se vino a revisar los últimos cinco años de generación de Torito para ver efectivamente cuánta agua era y entonces se bajó de 60 a 50. Se optimizó, por decirlo así”, detalló Edwin Aguilar, subdirector general de Jasec.
La Junta Directiva de Jasec ha establecido un plazo definitivo de aproximadamente 30 días (o antes de que finalice el mes de diciembre) para tomar una decisión técnica y política sobre el futuro del Proyecto Hidroeléctrico Torito II.
Tras casi seis meses de inactividad por la falta de nombramientos dentro del órgano colegiado, la junta retomó sus funciones con una amplia agenda acumulada y fijó el análisis de Torito II como un asunto prioritario que se abordará en una sesión exclusiva.
En este periodo crucial de un mes, la cúpula institucional definirá entre dos caminos opuestos: Avanzar con el proyecto mediante la búsqueda de un socio privado bajo un esquema de alianza empresarial o, por el contrario, “ponerle un candado” definitivo a la iniciativa.
De optar por la cancelación definitiva, la administración deberá afrontar severas consecuencias patrimoniales, incluyendo la posible pérdida irrecuperable de $8,3 millones ejecutados en obras de interconexión hidráulica.