Pese a que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ejerce el control y la regulación de los barcos que entran y salen del complejo portuario de Moín, en el caso de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), la cual operará APM Terminals, la entidad no podrá controlar el canal de acceso en la zona donde operará el nuevo muelle por tratarse de una concesión.
La TCM, que tendrá una isla artificial de 40 hectáreas, varias grúas pórticas y otros equipos para la operación portuaria, no forma parte de los bienes y patrimonio de Japdeva, por lo que será el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante el departamento de Capitanía de Puertos, quien deberá ejercer este control y regulación en lo que respecta a tráfico marítimo y zarpe, a fin de garantizar un acceso igualitario.
Así lo señala la Procuraduría General de la República en el dictamen C-195-2018 sobre una serie de consultas realizadas en julio por Rodolfo Méndez Mata, titular del MOPT, sobre el tema. De acuerdo con el abogado del Estado, Japdeva ya no es el único operador de los puertos del Caribe, pues en el Complejo Portuario del Moín también están las terminales de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con el muelle petrolero y la que APM Terminals construye bajo la figura de concesión.
De acuerdo con la instancia procuradora, la ley de Japdeva no le da prerrogativas para administrar, controlar y regular infraestructuras construidas mediante concesión, puesto que se trata de un puerto que no está bajo su administración, con lo cual limita su función a las obras que haga dicha entidad.
“En el ámbito legal no podría llegarse a la conclusión de que Japdeva cuenta con control exclusivo sobre el canal de acceso al puerto, pues la existencia de una concesión en el lugar excluye de ese ámbito las prerrogativas que le han sido asignadas a dicha entidad, al no tratarse de un puerto ‘bajo su administración’.
Ergo, la existencia de un único canal de acceso para todos los operadores de las terminales excluye la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 indicado, al existir una zona concesionada en el lugar que no es administrada por Japdeva”, señala la Procuraduría.
Tanto el Poder Ejecutivo como Japdeva, como parte de la administración concedente del contrato de concesión, tienen la obligación de garantizar al concesionario de la terminal de contenedores un “servicio público en igualdad de condiciones” y garantizar que “los que se encuentran en una misma situación puedan exigir idénticas ventajas”.
FUNCIÓN EJECUTIVA
Pese a que en el contrato suscrito entre APM Terminals y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Japdeva se reconoce a esta última como la autoridad portuaria, la cual se encargará de la programación semanal de acceso al canal portuario, para la Procuraduría esa labor es meramente “ejecutiva”.
“Es criterio de este órgano asesor, que la cláusula contractual no establece más que una función ejecutiva a favor de Japdeva (programación semanal), pero dicha función queda supeditada a los lineamientos generales que establezca el Poder Ejecutivo sobre el uso del canal, pues es este quien ostenta la competencia de control y regulación del tráfico marítimo como ente rector.
Por ello, la programación semanal realizada por Japdeva también queda sujeta al control concreto del Poder Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de los fines de interés nacional existentes en el Complejo Portuario”, resalta el documento.
“Consecuentemente, el Poder Ejecutivo como autoridad portuaria nacional no solo puede establecer lineamientos normativos generales que regulen el tránsito marítimo en el Canal de Acceso al Complejo Portuario (a los cuales debe sujetarse Japdeva), sino que además puede controlar que la entidad asignada en el contrato para realizar la programación semanal de dicho acceso (Japdeva) se ajuste a criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad, con relación a los diferentes actores de las terminales portuarias que confluyen en el lugar”, añade la Procuraduría.
Está previsto para febrero de 2019 el inicio de operaciones de la TCM en su primera fase, después de un atraso de 13 meses por una serie de situaciones.
DIARIO EXTRA envió un correo electrónico con una serie de preguntas sobre el tema a las autoridades del MOPT, pero a la hora del cierre no hubo respuesta.