La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) asegura que no sacará a ninguna persona o familia de sus fincas, pese a la aplicación de un nuevo reglamento arrendatario.
Entre los limonenses que habitan terrenos de la institución reina la preocupación porque no saben si los desalojarán de los terrenos que ocupan, los cuales antes operaban bajo la figura de uso precario.
Ante este panorama, una serie de asociaciones sindicales locales amenazan con realizar protestas porque consideran que van a sacar de sus tierras a los caribeños.
En Japdeva aseguran que dieron el paso para modificar la imagen con el objetivo de darle seguridad jurídica a la población de estas fincas ubicadas en Pococí, Matina, Siquirres, Tortuguero, Barra de Colorado y Cieneguita.
“No tienen seguridad jurídica. Sí se quiere hacer algo más adelante, no en este gobierno, porque no lo vamos a hacer nosotros. Puede venir otra administración a decir ‘vengo a tomar lo que es mío’”, comentó la presidenta ejecutiva Sucy Wing.
“Con esa figura te pueden sacar en cualquier momento, fue un error de dos administraciones atrás. No tenemos control de esas cosas, ahora debemos tener cuidado. Si pasó eso, convenios así van malos, más que entró a regir la Ley de Contratación, todo lo revisan”, argumentó.
A la vez, la representación de Japdeva no oculta que en los últimos 60 años más de una familia o consorcio se instaló en los terrenos sin permisos regulados.
“No tenemos culpa de lo que pasó. Usted puede ver un caserón por ahí y nadie tramitó nada. Ahora las cosas deben hacerse con orden”, añadió Wing.
El reglamento arrendatario llevará a las autoridades a cobrar por el uso del terreno, dependiendo de su condición económica o figura jurídica, de ahí que no todos pagarán lo mismo.
Por ejemplo, una familia de escasos recursos económicos únicamente deberá pagar ¢5.000 anuales por un contrato que se extenderá hasta por 30 años.
“En arrendamientos a ser aprovechados por familias de escasos recursos económicos, en condiciones de pobreza extrema, y debidamente comprobados (…) se podrá establecer un arriendo acorde con las posibilidades económicas reales de los interesados”, indica el reglamento publicado en el diario oficial La Gaceta. Por su parte, los interesados en firmar un contrato arrendatario pagarán diferente, dependiendo de la actividad comercial a la que se dediquen.
“A los de bonos les pusimos un precio simbólico y a los demás de acuerdo con lo que es. El reglamento está publicado, ya nos llegaron mensajes de hoteleros que están contentos con este”, acotó la presidenta ejecutiva.
OPINA
Mauricio Wilson
Sindicalista
“Se aprobó un reglamento el 23 de mayo que nació para quitar los derechos de las familias que están en terrenos de Japdeva. Hay cosas que uno se pregunta. ¿Por qué tanto maltrato a los limonenses? No es de recibo esa normativa que, la verdad, se sacan de la manga”.