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Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impulsan un proyecto de ley para que el país tenga un único régimen de pensiones y este sea el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Con la iniciativa se procedería a una especie de “cierre técnico” en el largo plazo de los demás sistemas de jubilaciones. En el país se constituyeron 14 en total.
Esto se contempla en el proyecto “Ley de justicia, solidaridad y solidez de las jubilaciones en Costa Rica”, tramitado bajo el expediente 20.927.
En este se establece que “todos los funcionarios públicos, independientemente del Poder Judicial de la República para el que laboren, que sean contratados durante la vigencia de esta ley, cotizarán para el régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Con esto, regímenes de pensiones como el del Poder Judicial, el Magisterio Nacional, no recibirán nuevos cotizantes, con lo cual se mantendrán con la cantidad de activos que tendrán hasta ese momento.
En el futuro dichos cotizantes irán en disminución conforme vayan falleciendo los pensionados y los beneficiarios por sucesión. Quedará el IVM como el único sistema.
“Con el pasar del tiempo, los legisladores nos hemos alejado del mandato constitucional, hemos creado regímenes de pensiones con condiciones diferentes a las del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual ha generado una serie de regímenes que otorgan privilegios a determinadas clases políticas.
Esto ha provocado que, en la actualidad, existan varios colectivos de la sociedad civil con una lucha frontal contra las denominadas ‘pensiones de lujo’”, se desprende del proyecto de ley.
PONER EL
SISTEMA EN ORDEN
Pedro Muñoz, diputado del PUSC, sostuvo que se contempla aplicar lo que dice la Constitución Política, lograr un sistema de pensiones básicas que sea congruente con el principio de unidad de la seguridad social en materia de igualdad, solidaridad y dignidad.
Adujo que, en los casos cuyos montos sobrepasen el máximo fijado por la entidad aseguradora, se les reducirá entre un 10% y un 50%.
Aquí se busca que expresidentes de la República, exmagistrados que reciben varias pensiones, paguen una contribución solidaria si sobrepasan el monto máximo establecido en la CCSS.
“Esto busca poner orden en el sistema de pensiones de Costa Rica y eliminar las pensiones de lujo. Las pensiones de lujo se eliminan a través de una tasa solidaria que se impondría sobre las pensiones existentes. Si una persona tiene una o varias pensiones que sumadas dan más de ¢1,5 millones se le impone esa tasa.
Es decir, si una persona recibe una o varias pensiones que en total suman ¢3 millones, se impone una tasa de 10% sobre los ¢3 millones y entonces percibirá ¢2.850.000, y así sucesivamente.
Si las pensiones de lujo son un monto muy alto, entonces se les aplica de manera escalonada la tabla hasta un 50%”, explicó Muñoz.
Indicó que los montos rebajados por concepto de contribución solidaria alimentarán los respectivos fondos de pensiones, por ejemplo, del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, para darles oxígeno y solidez.
“Todo lo nuevo pasa al IVM y todo lo viejo se mantiene en sus respectivos regímenes, pero pagando una tasa solidaria hasta que se vaya extinguiendo en el tiempo”, aseveró.
SUPEN SUPERVISARÍA
Mencionó que en el caso de los trabajadores nuevos que quieran cotizar más allá de los porcentajes rebajados por la CCSS, tendrán la opción en regímenes complementarios y voluntarios.
Otros de los aspectos nuevos que incluye la iniciativa es que el IVM sea supervisado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y en este sentido consideran que dicha situación es importante para garantizar la solidez.
“Creo que la falta de supervisión ha hecho que los fondos especiales no sean sostenibles ni sólidos, por lo que Supen garantiza esa solidez y que se le garantice el pago de la pensión a la persona que aportó al fondo durante muchos años”, amplió.
Apuntó que la CCSS está en condiciones de ser el recaudador y régimen único.
“La Caja se va a beneficiar con esto porque todo mundo va a ir a contribuir a ese régimen, con lo cual se le fortalecerá y saldrá beneficiado el régimen del IVM”, concluyó.
El proyecto de ley se encuentra en estudio de la Comisión Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
DÉBIL TÉCNICAMENTE
Róger Porras Rojas, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que administra las pensiones de empleados del sector educativo, aseguró que el proyecto de ley en cuestión es débil desde el punto de vista técnico, pues no cuenta de un análisis que justifique y acuerpe lo que se pretende.
“Nosotros no conocemos el análisis técnico que se dio para determinar esto. Si se dice que a partir de la entrada en vigencia de la ley, todas las personas del sector público entran o van a entrar al IVM no se sabe si eso va a ayudar a la Caja o la va a perjudicar, porque no hay un estudio que diga que el meterle más población a la Caja es lo que va a incidir en sostenerla, puede ser que lejos de eso más bien la perjudique (…)
Porque al no haber un estudio actuarial, no se sabe cuánta pensión se pagará al pensionado en el futuro al contar con una población mayor”, adujo.
Para Porras, no hay garantía de que la unificación de las pensiones le vaya a dar sostenibilidad al IVM. En este sentido recalcó que “más bien el IVM es un régimen que está tratando de sobrevivir y pueda ser que se le está perjudicando”.
Además, cuestionó el hecho de que se quiera desparecer un régimen calificado de solvente, que es el de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, perteneciente al primer pilar de pensiones, así como el del Poder Judicial.
Sostuvo que el Régimen de Capitalización Colectiva tiene un fondo por el orden de los $3.900 millones (¢2,2 billones).
Este régimen de capitalización se nutre de las cotizaciones de los empleados del sector educación que entraron a laborar después del 30 de julio de 1992.
“En este momento, el Régimen de Capitalización Colectiva es solvente, tiene la capacidad de pagar las pensiones de la población de este momento.
Lo que se quiere es desaparecer un régimen que es solvente y no tiene ninguna lógica ni sentido que se plantee una reforma para perjudicarlo, como es este caso. No sé cuál es la pretensión que se busca con esto”, reafirmó.
Asimismo, mencionó que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional, el voto 846-92 que avala que, a la par del régimen del IVM, tal como lo establece el artículo 73 de la Constitución Política que hace referencia a un sistema único de pensiones, coexistan otros regímenes que puedan contribuir y mejorar las condiciones de seguridad social.
“Ya la Sala Constitucional, en diferentes votos que ha emitido, ha señalado que el artículo 73 de la Constitución Política establece un mínimo de seguridad social, pero señalaron que la existencia de ese artículo no limita que puedan coexistir otros sistemas que sean suficientes como el Régimen de Capitalización Colectiva, por lo que es falso que no pueden existir otros regímenes a la par al del IVM”, reseñó.
Otras debilidades señaladas por Porras son que el fondo de pensiones del Magisterio tiene dentro de sus cotizantes a trabajadores del sector privado, por lo que el proyecto de ley no hace referencia a esto.
Manifestó que dentro de los problemas que generaría está que a este grupo se le tendría que aumentar la edad y la cantidad de cotizaciones para que pueda pensionarse, pues al no entrar cotizantes nuevos se socavaría y erosionaría el régimen.