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Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora que amenaza el futuro de cientos de miles de costarricenses: el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha entrado en su última etapa de vida útil. La reciente auditoría de la Contraloría General no es solo una advertencia más, es un grito desesperado que exige acción inmediata.
Los números son brutalmente claros. Desde 2012, el IVM consume los intereses de sus reservas para pagar pensiones. Ahora, según proyecciones oficiales, enfrentamos un déficit de ¢74,6 billones que hará imposible responder a las obligaciones a partir de 2047. Para ese momento, el sistema solo podrá cubrir el 56,1% de las jubilaciones. Traducido a términos humanos: casi la mitad de los futuros pensionados quedarán desprotegidos.
Esta crisis no surgió de la noche a la mañana. El acelerado envejecimiento poblacional, el agotamiento del bono demográfico y la disminución en la permanencia laboral han creado una tormenta perfecta. Las proyecciones indican que para 2050 habrá apenas un trabajador por cada pensionado, una ecuación matemáticamente insostenible.
Más preocupante aún es la gestión deficiente de riesgos que denuncia la Contraloría. Califica la administración del sistema como “fragmentada, reactiva y sin enfoque institucional integral”. Esta mala gestión limita gravemente la capacidad de anticipar escenarios y tomar decisiones informadas que protejan la sostenibilidad del régimen.
El tiempo de las medias tintas y las promesas vacías se agotó. Las autoridades competentes, desde la CCSS hasta la Superintendencia de Pensiones, deben implementar reformas estructurales inmediatas. No se trata solo de ajustar parámetros o postergar el problema; necesitamos una transformación integral que garantice la viabilidad del sistema.
La próxima campaña electoral debe convertir este tema en prioridad absoluta. Los candidatos no pueden seguir ofreciendo soluciones populistas o evadiendo el debate. Costa Rica necesita propuestas técnicas, respaldadas por estudios actuariales serios y con visión de largo plazo. El electorado merece conocer cómo cada aspirante planea salvar el sistema de pensiones más importante del país.
Este no es momento para partidismos ni cálculos electorales. Estamos ante una emergencia nacional que trasciende colores políticos y que determina si las futuras generaciones tendrán derecho a una vejez digna.
La Contraloría ha encendido todas las alarmas; ahora corresponde a los tomadores de decisión actuar con la urgencia que la situación demanda.
El IVM puede salvarse, pero solo si actuamos ya. Cada día de inacción nos acerca más al colapso total de un sistema que representa la columna vertebral de la seguridad social costarricense.