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Un retraso de 17 meses para resolver solicitudes de plazas y un rezago del 79 % en la aplicación de medidas de control asfixian la fiscalización de los fondos públicos y las investigaciones internas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), mientras se limita la capacidad de la Auditoría Interna para vigilar oportunamente los recursos. Este departamento tiene a su cargo una serie de pesquisas por aparentes irregularidades de altos funcionarios que conformarían una “red de cuido”.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó este panorama en su informe especial sobre la institución, en el que señaló un debilitamiento sostenido del órgano fiscalizador interno entre 2024 y 2025.
La CGR concluyó que la Auditoría Interna presenta “debilidades estructurales en la alineación estratégica, los controles de calidad, las regulaciones de continuidad y la escasa implementación de recomendaciones por parte de la Administración Activa”, lo que limita el control preventivo.
Además, desde la Junta Directiva nombrada durante el Gobierno de Rodrigo Chaves se dio un “estrangulamiento de recursos”, mientras el área investiga a funcionarios de una supuesta “red de cuido”, señalada en una investigación confidencial realizada desde el despacho de la Presidencia del INVU y dada a conocer por Grupo Extra.
La expresidenta ejecutiva Gabriela Madrigal confirmó en 2025 que “sí hay procedimientos abiertos de los cuales la Auditoría Interna está procediendo a hacer todo el levantamiento de investigación, si hay procesos de órganos directores abiertos en los cuales hay que respetar el debido proceso”.
Pese a estas pesquisas, que indagan al exgerente Marco Hidalgo y a otras jefaturas por contrataciones a dedo, la Junta Directiva tardó más de un año en resolver las necesidades de personal de la Auditoría Interna.
El informe determinó que, aunque el área sustentó sus requerimientos, “se evidenció una limitada oportunidad por parte de la Junta Directiva en resolver y acoger lo solicitado en el informe técnico, pues tardó un año y cinco meses en emitir el acuerdo correspondiente”.
Esta escasez de plazas afectó las operaciones cotidianas, según justificó el propio departamento, que indicó que “la falta de personal ha afectado la periodicidad de las labores administrativas y en virtud de ello, la unidad ha debido priorizar la ejecución y atención oportuna de los diversos servicios de auditoría”.
Jerarca asegura cambios
La inacción institucional para corregir fallas agrava la situación, pues la Contraloría determinó que “el 79 % y 70 % de las recomendaciones emitidas a través de los servicios de auditoría, respectivamente, para los años 2024 y 2025 no han sido implementadas oportunamente por la administración”.
El reporte advirtió que “en promedio un 22 % de las recomendaciones emitidas en el período 2020-2023 continúan pendientes de implementación tras haber transcurrido casi un quinquenio desde su emisión”, lo que perpetúa brechas.
Por su parte, el actual presidente ejecutivo del INVU, Johnny Leiva, aseguró que se han realizado cambios desde su gestión y alegó que “desde esta nueva Junta Directiva estamos dándole todo el apoyo a la Auditoría Interna”.
Leiva además señaló que “son importantes los controles en cualquier institución y principalmente en una institución pública”, razón por la cual se encuentran “atendiendo todas las recomendaciones, dándole seguimiento y ejecutando las medidas correctivas para que el INVU evolucione”.
El presupuesto asignado para el funcionamiento de la Auditoría Interna fue de ¢240,0 millones en 2024 y de ¢304,5 millones en 2025. Estas cifras representaron tan solo el 0,42 % y el 0,51 %, respectivamente, del presupuesto institucional aprobado en esos períodos.
Johnny Leiva
Presidente INVU
“El principio de esta evolución del INVU está basada en las personas, nosotros nos debemos a ellos; desde darles cuentas, dar calidad en el servicio, dar oportunidades. Así que el INVU evoluciona porque hoy comienza a poner a todos los costarricenses como centro en su toma de decisión”.

