Los diputados que integran la comisión especial que conoce la realidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobarían una moción para investigar el trasfondo de una denuncia que hizo el legislador Walter Muñoz sobre la supuesta venta ilegal de la vacuna contra el Covid-19.
Muñoz, quien también es presidente de dicho foro legislativo, dijo el martes en el plenario que tiene información de que la vacuna se vendió a un tercero en $500.
Los congresistas quieren llamar a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, y a Daniel Salas, ministro de Salud, para que expliquen el proceso de distribución, protocolos y auditorías que supuestamente se aplican en la vacunación.
“Para que esta comisión especial investigadora, en el ejercicio de sus funciones, convoque al señor ministro de Salud, Daniel Salas, y al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, para que se refieran y expliquen los mecanismos de distribución, protocolos, seguimiento de los grupos designados de vacunación que se lleva a cabo en relación con el Covid-19. Además de informar acerca de las auditorías que se está por implementar sobre el tema antes mencionado”, indica la moción, que recibió la firma de cinco legisladores.
CAJA RESPONDE
Mediante un comunicado la CCSS insiste en que cuenta con los mecanismos de control para evitar estas irregularidades y pidió que se presenten las denuncias formales.
“Si contamos con la denuncia se investigará como corresponde. La CCSS cuenta con los puntos de control que le permitirían evidenciar si hubo alguna situación de anomalía, con el objetivo de tomar las medidas correctivas y acciones administrativas que correspondan”, dijo el gerente médico Mario Ruiz Cubillo.
Entre los controles que la institución aplica en el proceso de vacunación están las listas firmadas que avalan las personas a inocular por cada una de las instituciones, un segundo control es que solo esas personas en lista reciben la vacuna, y se verifica con la presentación de cédula de identidad, cédula de residencia o carné de trabajador, y finalmente que toda dosis colocada se registra en el EDUS a través del SIVA.
La Caja anunció además que la Auditoría Interna fiscaliza la vacunación como parte del trabajo previamente establecido para verificar el cumplimiento del proceso, con el objetivo de dar al país la confianza de que la vacunación para evitar el Covid-19 se lleva a cabo de acuerdo con las expectativas de la comunidad.
El trabajo del ente auditor se halla en marcha y ha realizado visitas a centros médicos, áreas de salud y comunidades donde la vacunación está activa, tales como los hospitales Calderón Guardia, Maximiliano Peralta, el de Guápiles, el de San Carlos y el de Los Chiles, así como a las áreas de salud Goicoechea 1 y 2, y Cubujuquí de Heredia, entre otras.