La Asamblea Legislativa aprobó una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue posibles nexos entre el Gobierno de Rodrigo Chaves con estructuras ligadas a narcotráfico y crimen organizado.
La moción fue respaldada por 38 votos de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR), Partido Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) e independientes.
En contraparte, los únicos que rechazaron la indagatoria fueron seis legisladores afines a Zapote: Pilar Cisneros, Paola Nájera, Alexander Barrantes, Daniel Vargas, Manuel Morales y Jorge Antonio Rojas.
Aparte de buscar posibles ligámenes con el crimen organizado, la Comisión pretende que se analicen las denuncias periodísticas hechas en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales sobre presuntas negociaciones del Gobierno de Costa Rica con redes mafiosas costarricenses relacionadas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para reducir el aumento de violencia.
Igualmente, se hace un llamado al Gobierno para que, a la mayor brevedad, entregue informes y rinda cuentas sobre las acciones que ha venido tomando para investigar estructuras criminales.
Según los diputados, el presidente de la República ha minimizado el tema de seguridad y ha tomado medidas que podrían ser contraproducentes, como la construcción de cárceles-carpas, el traslado de la Academia de Guardacostas a Pococí, el debilitamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada, una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y falta de apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA).
“Esta es una moción firmada por muchísimos diputados, que es bastante explícita sobre la necesidad de una investigación profunda sobre posibles nexos del Gobierno con actividades criminales (…). A los costarricenses que votaron por Rodrigo Chaves, ¿votaron para que los gobierne un narcogobierno? Ya es hora de decir lo que nadie quiere decir”, indicó la diputada del FA Sofía Guillén.
“SE LAS VAMOS A COBRAR”
Dichas aseveraciones generaron reacciones por parte del oficialismo, quienes aseguraron que “se las iban a cobrar” y “les pasarían factura”.
Posteriormente, la diputada Cisneros aseguró que resulta absolutamente falso y ofensivo decir que la Administración Chaves es un narcogobierno y a los que escribieron la moción “les debería dar vergüenza”.
Las reacciones no se hicieron esperar por parte de la oposición, quienes afirmaron que lo emitido por el oficialismo, y específicamente por el diputado Alexander Barrantes, comprende amenazas directas a su integridad.
“No es aceptable que personas en el Poder Ejecutivo y en esta Asamblea Legislativa mientan, amenacen y se hable de pagar por desacreditar a funcionarios públicos o utilizar recursos públicos para desacreditar adversarios”, expresó la liberal Kattia Cambronero Aguiluz.
“Aquí la vocera del narcotráfico viene a mentir todos los días a este Plenario. ¡Ya es suficiente, compañeros! No sé a qué tanto le temen y si nos la va a cobrar, que venga y me lo diga en la cara, porque yo manca no estoy y mis compañeras tampoco”, secundó la liberacionista Katherine Moreira Brown.
“Hemos recibido amenazas a nuestra integridad física durante mucho tiempo, y yo quisiera entender por qué el oficialismo insiste en decirnos ‘se las van a cobrar’ cada vez que aquí se les cuestiona.
Eso es un acto de cobardía de parte del Gobierno. Exijo que me digan quién me la va a cobrar y cómo”, respondió en Plenario la legisladora Guillén.
“Aquí hay más de cinco compañeros que han estado con protección policial y no crean que es un tema gratis (…). Hay elementos y argumentos suficientes, porque las amenazas han sido reales, y alguien se deja decir alegremente que se las van a cobrar”, concluyó el verdiblanco Danny Vargas.
La moción será trasladada a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que deberá analizarla en su próxima sesión.
