Investigarán destino de recursos para personas con discapacidad

En la Comisión Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves una moción con el objetivo de que se investigue los dineros que ha recibido el Programa Olimpiadas Especiales Costa Rica. 

Dicha iniciativa fue propuesta por la legisladora Xiomara Rodríguez Hernández, del Partido Restauración Nacional. 

Dentro de lo que ella argumenta está que “desde de diciembre del 2016, se empezó a notar la falta de recursos para el financiamiento de los programas de formación deportiva, lo que motivó una investigación administrativa que finalizó con una declaratoria de inhabilitación de la Asociación de Olimpiadas Especiales para recibir recursos públicos de parte del Icoder, debido a la existencia de varias inconsistencias no subsanadas en liquidaciones presupuestarias de varios años atrás”, señala. 

Otra de las argumentaciones es “de igual forma el MEP, mediante el oficio número DPI-DFP-0828-2018, ha detallado que giró recursos a la Asociación de Olimpiadas Especiales según la Ley 8.283 por un monto de ¢825.786.309,00 del 2014 al 2018”, apuntó. 

DEBEN COMPARECER

También se discutió y aprobó que asistan a dar cuentas sobre dichos fondos los representantes de Olimpiadas Especiales, así como el ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas; el director financiero del Ministerio de Educación Pública y la contralora general Marta Acosta Zúñiga. 

Según la legisladora, lo que se ha dado son “liquidaciones improbadas por más de ¢2 mil millones”, se revela en un comunicado. 

¿QUÉ DICEN EN OLIMPIADAS ESPECIALES?

En Olimpiadas Especiales dispusieron que sería su abogado Boris Molina quien se referiría al tema. Tras conocer el comunicado respondió por medio de una nota, la cual publicamos tal como nos llegó. 

“Olimpiadas Especiales es una organización que sólo triunfos le ha dado a este país. Ninguna otra organización deportiva en la historia de Costa Rica tiene tantas medallas a nivel internacional como Olimpiadas Especiales. Ese éxito ha lastimado el ego de algunas personas, quienes se han empeñado en intentar desprestigiar a la organización. Por ese motivo ya existe una denuncia de carácter penal que se está investigando en el Ministerio Público, que es el órgano competente y preparado para realizar una investigación de este tipo. 

Y es en el Poder Judicial donde existen las garantías procesales adecuadas para ejercer el derecho de defensa. Pero tal parece que algo tan elemental no puede ser comprendido por la señora diputada que hace la moción, ni por sus compañeros que la aprobaron. De ahí que, claramente, la sola convocatoria carece de todo sentido, con mucha más razón la comparecencia, que únicamente generará más gastos innecesarios e irracionales para el Poder Legislativo, y particularmente al presupuesto de este tipo de comisiones que, cada día, tienen menos razón de existir, en tanto no resuelven ni le aportan nada al país. 

Por ejemplo, ¿cuál sería la peor sanción imaginable que una comisión así puede lograr? Recomendar que se abra una causa penal contra las personas que van a investigar. Pues ese es el motivo más claro para que, en este caso, no se pierda tiempo investigando algo que ya está siendo investigado por el Ministerio Público”.