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Un grupo de asociados de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (Asojupen) presentó una denuncia penal (expediente 26-000159-1220-PE) contra miembros de la Junta Directiva por aparentes manejos financieros irregulares.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía Adjunta de Fraudes el pasado 9 de julio de 2026 y señala a integrantes de la actual Junta Directiva, la fiscalía interna y exdirectivos de Asojupen.
Los denunciantes reclaman supuestos desórdenes contables, falta de controles internos y auditorías, así como ocultamiento de información.
Una administradora de apellido Navarro informó formalmente, el 28 de mayo de 2026, que en la Junta no se llevaban boletas de recibido, había documentos contables desactualizados (correspondientes al período de enero a abril de 2025), no se elaboraban estados bancarios mensuales y tampoco existían conciliaciones bancarias de los períodos 2025 y 2026.
Navarro denunció que, mediante oficios como el 0013-JDA-2026, del 8 de abril de 2026, se le ordenó a la administración omitir informes correspondientes a febrero de ese año.
Dentro de la denuncia penal también se alerta de que se autorizaron préstamos a directivos en funciones entre enero de 2025 y abril de 2026, sin respetar el artículo 20 del Reglamento General de Crédito, que exige valorar la capacidad de pago y esperar un plazo mínimo de ocho meses entre créditos individuales.
“Diversos asociados han manifestado preocupación respecto del otorgamiento de créditos a miembros de la Junta Directiva, presuntamente sin cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa interna”, señala la denuncia.
Además, se indica que diversos beneficiarios carecían de liquidez salarial suficiente. Estas alertas fueron comunicadas por la administradora, pero, según los denunciantes, la Junta Directiva las ignoró.
Los asociados que presentaron la denuncia afirman que, en 2024, el presidente de la Junta, de apellido Espinoza, autorizó un incremento de las dietas a ¢70.000 para cada directivo, sin contar con la aprobación obligatoria de la Asamblea General de Socios, lo que habría violado el artículo 38, inciso t), de los estatutos.
“Según las actas y demás documentación que se logre incorporar a la investigación, presuntamente se aprobaron incrementos en el pago de dietas y un aumento en la frecuencia de sesiones de Junta Directiva. Solicitamos determinar si tales acuerdos se ajustaron a la Ley de Asociaciones, los Estatutos y demás normativa aplicable”, señala la denuncia.
El documento también detalla que, aparentemente, se habría acordado el pago de ¢10.000 diarios por concepto de viáticos a los directores cada vez que acudían a las oficinas de Asojupen, sin exigirles una justificación de la diligencia.
Los asociados aseguran que solicitaron reiteradamente acceso a los libros de actas, informes de auditoría, estados bancarios, expedientes de crédito y contratos, al amparo del artículo 14, inciso e), de los estatutos. Sin embargo, afirman que sus solicitudes fueron ignoradas o postergadas.
El Ministerio Público confirmó a Grupo Extra la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
“La Fiscalía Adjunta de Fraudes informó de que se trata de una denuncia por una presunta administración fraudulenta relacionada con fondos de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial. El pasado 19 de octubre se presentó una ampliación de la denuncia, por lo que el escrito se encuentra en revisión”, indicaron.
Temor a represalias
Grupo Extra conversó con varios asociados de Asojupen, quienes prefirieron no ser identificados por temor a represalias. Sin embargo, aseguran que no han encontrado apertura por parte de los directivos para acceder a la información.
“Intentamos investigar un poco más sobre el tema, pero tanto los miembros de la junta directiva como algunos representantes de la asociación se negaban a brindar información. Incluso a los funcionarios administrativos se les prohibía hablar sobre el asunto”, indicó uno de los asociados.
Por otro lado, explicó que la administradora de apellido Navarro había alertado sobre estos temas dentro de la Junta, pero fue ignorada.
“Ella les advertía que los gastos eran demasiado elevados y que no estaban pensando en las finanzas de la asociación. También cuestionaba la gestión de los créditos, pues señalaba que muchos de los préstamos concedidos a los socios no cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento”, añadió.
Ante la falta de respuesta de los directivos, un grupo de asociados decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
Grupo Extra contactó a representantes de Asojupen para conocer su posición sobre las acusaciones planteadas por el grupo de asociados en la denuncia.
La defensa jurídica de la Junta Directiva indicó que desconocía la presentación de una denuncia penal por los hechos señalados, por lo que acudió al Ministerio Público para informarse sobre el caso.
Asimismo, rechazó las acusaciones planteadas e indicó que el asunto podría tener tintes políticos de cara a una Asamblea General que se celebraría durante este mes.