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Tras el fallecimiento del estudiante Ricardo González Rivera, de 18 años, del Liceo Samuel Sáenz en Heredia, el Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó al centro educativo los informes correspondientes sobre la situación del joven, así como el registro de posibles eventos de riesgo o violencia entre el estudiantado.
El propósito, según informó la cartera, es determinar si el deceso podría estar vinculado a un posible caso de bullying y verificar la aplicación oportuna del protocolo del MEP establecido para atender este tipo de situaciones.
“Se ha solicitado al centro educativo brindar los informes correspondientes de la situación, así como de posibles eventos de riesgo y violencia en el estudiantado”, comentaron.
El ministerio informó que el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales, específicamente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Asimismo, la institución señaló que, por respeto al proceso y a los hechos ocurridos, no se brindarán más detalles sobre la situación mientras se mantenga la investigación en curso.
“Desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles se ha mantenido comunicación con las autoridades educativas del centro educativo, esto como parte del proceso de acompañamiento, control y seguimiento que la Contraloría realiza a las diversas situaciones de la población estudiantil”, enfatizaron.
El joven decidió quitarse la vida el 31 de octubre. Se presume que el detonante habría sido un supuesto y constante acoso por parte de algunos compañeros de clase.
Tras conocerse el suceso, comenzó a circular en redes sociales una página titulada “Justicia por Ricardo”, en la que se afirma que el bullying habría sido la causa principal.
La psicóloga Ingrid Naranjo brindó un criterio que los protocolos no están siendo sufrientes para estas causas.
“Debemos atender la conducta suicida también dentro de los centros educativos, y comprender que los protocolos deben ir más allá de seguir una lista de pasos del uno al ocho. La salud mental y la parte psicoafectiva requieren acciones concretas de acompañamiento emocional, tanto para las víctimas como para los testigos y quienes participan en dinámicas de violencia. Todas estas personas necesitan atención, porque de lo contrario el ciclo se repite y seguimos perdiendo vidas de niños, niñas y adolescentes que ven su centro educativo como un lugar desagradable o emocionalmente peligroso. Por eso, la intervención del Ministerio de Educación debe reconocer la urgencia de contar con más profesionales que atiendan estos casos, aunque no se trate únicamente de un proceso administrativo”, enfatizó Naranjo.