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La Contraloría General de la República (CGR) oficializó la apertura de un procedimiento administrativo ordinario contra un exmiembro de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2022.
La situación por la que se le investiga habría generado daños en la Hacienda Pública superior a los ₡63 millones.
El caso publicado en la Gaceta del 3 de febrero expone el manejo de fondos públicos y la obediencia a las órdenes del órgano contralor. Se investiga la creación de sobresueldos mediante reglamentos internos que, por ley, solo pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa o el Consejo de Gobierno.
Las faltas que se le atribuyen a exdirectivo incluyen:
La investigación señala que el exdirectivo ignoró múltiples advertencias de la propia Asesoría Jurídica de la JPS.
La cifra de los ¢63.269.061,96 es el monto estimado por el daño causado a la Hacienda Pública, del cual el exdirectivo tendría responsabilidad civil solidaria.
De comprobarse las faltas, las sanciones podrían incluir:
Debido a que no fue posible localizar al investigado personalmente para notificarlo, la Contraloría recurrió a la publicación oficial en La Gaceta para asegurar la continuidad del debido proceso.