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Este martes trascendió que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le abrió un expediente investigativo a la recién reelegida contralora general de la República, Marta Acosta.
A Acosta se le investiga por una supuesta irregularidad tras conversar con varios diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.
Estos hechos se remontan a cuando el Poder Legislativo desarrollaba la investigación del caso conocido como “hueco fiscal”, que tenía como parte de los investigados al expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera.
No obstante, la PEP no da detalles sobre qué tipo de delito es por los que se investiga a Acosta.
La denuncia presentada por un particular, de quien tampoco se brindan mayores detalles, da a entender que Acosta no podía tener comunicación con los legisladores, pues desde mayo del 2019 se encontraba inhibida de participar en el proceso.
DIARIO EXTRA consultó a la Contraloría sobre la acusación que pesa sobre los hombros de la alta funcionaria, pero afirmaron que al ser un tema en investigación no se referirían.
“Según indican se cuestionan respuestas dadas fuera del expediente y no sobre el fondo de lo discutido en el caso en trámite en la Contraloría General de la República (CGR), no voy a referirme porque se trata de un asunto en trámite de investigación”, se lee en un correo remitido por la oficina de prensa.
En cuanto al tema de que se encontraba recusada para referirse al caso en cuestión, reconoció que el año anterior decidió apartarse de cualquier resolución que se vinculara con este.
“A causa de mis manifestaciones en varias comparecencias ante la Asamblea Legislativa, consideré procedente excusarme de resolver cualquier acción recursiva dentro del expediente por ustedes citado”, explicó Acosta.
EL CASO
El sonado “hueco fiscal” trata sobre una serie de omisiones en que incurrieron altos funcionarios del ministerio de Hacienda y la propia Presidencia de la República en la administración Solís Rivera, luego de que no se solicitara mediante un presupuesto extraordinario la autorización para emitir y pagar deuda a más largo plazo. En un inicio el monto de ese error administrativo ascendía a los ¢600 mil millones, aunque tras una nueva revisión se determinó que a dicha cifra tenían que sumarse ¢309 mil millones más para un total que superaba los ¢900 mil millones.
La situación que quedó al descubierto en esta nueva gestión de gobierno provocó que la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se viera obligada a tener que cancelar bonos de deuda sin la autorización legislativa, cuando por otro lado existía el riesgo de que el país cayese en “default” financiero con sus acreedores, es decir incapacidad de pago de sus deudas relacionadas con títulos soberanos del Estado.
Fue por esta razón que los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público abrieron una investigación durante el que citaron a varias personalidades del anterior gobierno y del actual, además de la figura de Acosta, para sustentar el proceso de investigación.
En su resolución, los legisladores determinaron recomendar al Ministerio Público abrir un proceso de investigación en contra del expresidente Solís Rivera y el exministro de Hacienda, Helio Fallas, a quien además la CGR inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por espacio de 4 años.
Asimismo, el órgano contralor ordenó el despido de la tesorera nacional Martha Cubillo y del director de crédito público Melvin Quirós. Ambos funcionarios salieron de la administración pública el pasado 21 de mayo la primera por renuncia y el segundo por destitución.
NIEGAN CONVERSACIONES
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con 4 legisladores miembros de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público que tuvo bajo su responsabilidad las pesquisas.
Cada uno de los inquilinos de Cuesta de Moras negó tener contacto con Acosta fuera de los espacios de las audiencias y los oficios formales correspondientes al expediente.
Además, en alguna medida manifestaron que les sorprendía la noticia de la investigación contra Acosta, aunque dijeron que no existe razón alguna para que la investigación como tal no se desarrolle.
VOCES DE LA ASAMBLEA
Pedro Muñoz
Diputado PUSC
“Me parece que no hay nadie que está por encima de la ley y que todas las investigaciones tienen que hacerse. Yo no recuerdo haberle solicitado información a doña Marta, pero tampoco lo descarto y que se hagan las investigaciones para ver qué arrojan. No me atrevo en este momento a especular y cuando tenga más información me referiría más en profundidad al tema”
Yorleni León
Diputada PLN
“Nunca he tenido ninguna conversación con la contralora ni en la Contraloría, ni en la Asamblea ni en ningún otro espacio para hablar de ese tema. En su momento mandé el oficio y ella me respondió el oficio y listo. Me toma por sorpresa la apertura de ese procedimiento en la Procuraduría de la Ética, y tocará esperar ver qué resuelve respecto de la denuncia”.
Erick Rodríguez
Diputado independiente
“De mi parte yo con Marta Acosta lo único que tuve fueron relaciones estrictamente de la comisión en el proceso investigativo que se dio. Fuera de ello no tuve conversación alguna con ella. Sí tuvimos una reunión con ella en la Contraloría, pero para hablar del ICE. Ahora eso de que un particular es quien pone la denuncia me suena a alguien del PAC, y a mí no me extrañan este tipo de cosas”.
Franggi Nicolás
Diputada PLN
“Propiamente a mí vía oficios o fuera del recinto legislativo nunca me hizo una manifestación de juicio de valor de ella en cuanto al manejo del hueco fiscal. Entiendo que ella en la última resolución de parte de la Contraloría sobre el tema que involucraba a Luis Guillermo Solís se excusó de firmar el pronunciamiento porque reconoció que adelantó criterio y no podía pronunciarse sobre una persona investigada”.