El Ministerio Público abrió una investigación por los presuntos delitos de falsedad ideológica y violación a una orden sanitaria en relación con las supuestas anomalías en 476 pares de placas. El caso se tramita en la Fiscalía de Guadalupe y el número de expediente asignado es el 20-000236-1220-PE.
Dicha indagación se efectúa contra ignorado, es decir, hasta el momento no existen personas imputadas de forma individualizada.
El caso se dio a conocer ante la opinión pública en mayo anterior y en aquel momento se manejó que el Registro Nacional había detectado aparentes inconsistencias en 231 solicitudes de pares de placas supuestamente efectuadas de forma irregular.
Sin embargo, la institución comunicó que para junio se dio una ampliación por 244 para que hubiese una sumatoria total de 476.
La denuncia surgió en momentos cuando se dio el arranque de la restricción vehicular sanitaria.
En ese entonces, se comunicó que estaban bajo sospechas unas denuncias, las cuales indicaban que algunos conductores perdieron las placas por esa infracción y estuvieron reportando como robados los metales.
Así mismo, se denunció que el proceso de devolución se habría dado sin intermediación de abogados o declaraciones juradas.
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
El Registro Nacional desarrolló una investigación preliminar sobre los hechos denunciados, en los cuales presuntamente estarían involucrados funcionarios de la institución.
Por medio de la Oficina de Comunicación del Registro Nacional, la indagación preliminar número 001-2020 fue tramitada en el Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General del Registro Nacional.
En la denuncia, se había mencionado que al parecer habría funcionarios de la entidad vendiendo duplicados de placas en ¢90 mil.
Durante la investigación preliminar, el Registro determinó que la prestación del servicio público brindado por el Departamento de Placas de la Dirección de Servicios, en el trámite de reposición de placas por extravío, se encuentra conforme a derecho.
En el Registro, declararon que se cumplieron los requisitos en tiempo y en forma, y que en consecuencia no se determinaron conductas ilegítimas o anormales susceptibles de arrancar con algún procedimiento disciplinario.
No obstante, detallaron que, ante eventuales irregularidades de tipo notarial, se comunicó a la Dirección Nacional de Notariado para que proceda en competencia con lo que corresponda.
CONECTIVIDAD
Consultado por DIARIO EXTRA, Edwin Herrera, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, detalló que las declaraciones juradas falsas se las habrían presentado al Registro Nacional y no a ellos como institución.
Herrera añadió que existe un sistema de conectividad entre ambas instituciones con el fin de que la información facilitada por los propietarios de vehículos efectivamente coincida.
“En el momento en que las placas el oficial las reportaba como detenidas en el Cosevi, también las reportaba como detenidas en el Registro. Entonces lo que hicimos fue de manera conjunta, del Registro y Cosevi. Eso lo que le dio fue velocidad al Registro de verificar si la placa estaba o no detenida”, manifestó.
Subrayó que desde el primer instante en que se hizo pública la información se ofreció colaboración al Registro Nacional.