Investigan a funcionario municipal por incapacidades falsas

La Municipalidad de San José inició una investigación contra un funcionario del área de Desarrollo y Mantenimiento de Obras de apellidos Hernández Alfaro, esto, por presuntamente utilizar incapacidades falsas, calificadas como fraudulentas por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y por las cuales habría recibido pagos por hasta ¢2,2 millones.

Según consta en el Diario Oficial La Gaceta, el caso se tramita bajo el expediente administrativo 42-29-2026 y surgió a partir de una denuncia recibida por la Dirección de Talento Humano del gobierno local en febrero de 2026, cuando se alertó sobre una posible irregularidad relacionada con incapacidades por riesgos del trabajo que habrían sido presentadas ante la administración municipal para justificar ausencias laborales.

Tras recibir la denuncia, la Municipalidad realizó una investigación preliminar y solicitó información al INS sobre el historial de incapacidades del funcionario. La aseguradora estatal determinó que las incapacidades emitidas válidamente a favor del trabajador se extendieron únicamente hasta el 27 de octubre de 2025, por lo que las boletas presentadas con posterioridad “no son fidedignas” y concluyó expresamente que “las boletas posteriores a esa fecha son fraudulentas”.

La certificación emitida por el INS señala que el funcionario permaneció incapacitado por un riesgo del trabajo ocurrido el 10 de febrero de 2025 durante dos períodos: del 10 de febrero al 4 de mayo y del 7 de mayo al 27 de octubre de ese mismo año, para un total de 258 días de incapacidad reconocidos por la institución.

No obstante, la revisión efectuada por la Municipalidad determinó que el trabajador presentó a su jefatura inmediata nuevas boletas de incapacidad para cubrir períodos posteriores, comprendidos entre el 28 de octubre de 2025 y el 30 de marzo de 2026.

Pagos millonarios

Como parte de las diligencias, la administración también solicitó un análisis de los montos girados al funcionario por concepto de subsidios. El estudio concluyó que la institución desembolsó ¢2.260.438,27 por incapacidades correspondientes al período comprendido entre el 28 de octubre de 2025 y el 4 de marzo de 2026. En el traslado de cargos, la Municipalidad sostiene que la documentación aportada por el INS permite presumir que las boletas presentadas durante esos meses no fueron emitidas por la aseguradora y que, pese a ello, habrían sido utilizadas para justificar ausencias laborales y obtener beneficios económicos derivados de la relación de empleo.

El documento agrega que los hechos investigados podrían constituir una infracción a los deberes funcionales establecidos para los servidores municipales y eventualmente una violación a los principios de probidad y buena fe que rigen la función pública.

Posibles consecuencias

Según se destaca en el expediente, el actuar de Hernández Alfaro podría tener relevancia penal, particularmente en relación con posibles delitos vinculados al uso de documentos falsos y perjuicios económicos.

De comprobarse los hechos atribuidos al funcionario, la sanción contemplada por la administración municipal podría llegar hasta el despido sin responsabilidad patronal.

Consultada sobre el caso, la Municipalidad de San José confirmó la existencia del procedimiento administrativo y señaló que la notificación al funcionario se realizó mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya que no fue posible concretarla por los medios ordinarios.

Sin embargo, la institución indicó que no suministrará información adicional debido a que la investigación continúa en trámite.

“No resulta procedente suministrar información adicional relacionada con el contenido del expediente, los hechos investigados, las pruebas recabadas, las declaraciones rendidas, las actuaciones efectuadas por la Administración, las valoraciones realizadas dentro del procedimiento o cualquier otro elemento que forme parte de la investigación”, manifestó la Municipalidad. Por ahora, el procedimiento administrativo continúa abierto y será mediante las etapas posteriores del proceso disciplinario que se determine si existe o no responsabilidad por parte del funcionario investigado.

Línea de tiempo del caso

• 10 de febrero de 2025

Ocurre el accidente laboral que da origen al caso de Riesgos del Trabajo atendido por el INS.

• 10 de febrero al 4 de mayo de 2025

Primera incapacidad otorgada oficialmente por el INS.

• 7 de mayo al 27 de octubre de 2025

Segunda incapacidad otorgada oficialmente por el INS

Boletas señaladas fraudulentas

• 28 de octubre al 27 de noviembre de 2025

Primera boleta posterior al período autorizado por el INS.

• 27 de noviembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Segunda boleta presentada ante la Municipalidad.

• 2 de enero al 30 de enero de 2026

Tercera boleta presentada para justificar ausencias laborales.

• 29 de enero al 30 de marzo de 2026

Cuarta boleta presentada ante la administración municipal.

Inicio de la investigación

• 14 de febrero de 2026

La Municipalidad recibe una denuncia anónima que alerta sobre presuntas incapacidades falsas presentadas por el funcionario.

• 17 de marzo de 2026

La investigación preliminar de la Oficina de Asuntos Laborales remite sus hallazgos a la Dirección de Talento Humano.

• 24 de marzo de 2026

Se dicta el traslado de cargos y se abre formalmente el procedimiento disciplinario contra el funcionario.

Monto bajo investigación: ¢2.260.438 pagados por concepto de subsidios relacionados con las incapacidades cuestionadas.

Fuente: La Gaceta