Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministerio Público alertó que los recortes presupuestarios contra el Poder Judicial tendrían un impacto significativo en la atención de denuncias e investigaciones por los delitos de estafas y ciberdelincuencia.
Carlo Díaz, fiscal general, advirtió que de perderse plazas operativas tendrían que cerrar fiscalías y priorizar únicamente violencia criminal severa y delitos sexuales.
Estas manifestaciones las indicó durante la comparecencia de jerarcas del Poder Judicial ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Prácticamente nos dedicaríamos a la criminalidad violenta y atender a mujeres en condición de vulnerabilidad, atender delitos sexuales y desatender, yo diría el 80% de los delitos que se cometen en este país”, dijo.
Por otra parte, explicó que muchas de las plazas interinas podrían desaparecer y generar un colapso en otras áreas de atención para la ciudadanía.
“Muchos de los médicos forenses están interinos. Entonces, si no podemos nombrar las plazas vacantes en enero, vamos a tener aproximadamente siete o nueve muertos diarios sin autopsia”, agregó.
Mientras que Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reiteró la problemática que generaría el recorte de ¢3.586 millones.
“Estoy altamente preocupado por estos recortes. En un momento histórico donde el crimen organizado muestra su faceta más dura, más cruda, más compleja, más difícil”, afirmó.
Además, hizo un llamado a entender la afectación que origina la suspensión de las audiencias virtuales.
“El desplazamiento de privados de libertad hacia el edificio para hacer audiencias que duran minutos es sumamente costoso en combustible, en tiempo, en horas extras”, dijo.
A pesar de los señalamientos de los jerarcas en la comisión legislativa, los diputados oficialistas mantienen la tesis de que el Poder Judicial debe manejar mejor los recursos.
Por este motivo, reprocharon el manejo que se ha hecho del fideicomiso que tiene el Poder Judicial, ya que aseguran que está fuera de las competencias del Ministerio de Hacienda al no estar incluido dentro del presupuesto anual.
Para los oficialistas, las autoridades judiciales deberían poder utilizar esos recursos para otras prioridades y urgencias.
Asimismo, cuestionaron el crecimiento de los fondos acumulados en el fideicomiso y la transferencia de remanentes, argumentando falta de control parlamentario directo o posible afectación al principio de anualidad presupuestaria.
Estas discusiones ocurren en medio del “estira y encoge” entre el Poder Ejecutivo y Judicial sobre el presupuesto que el gobierno destinará a las autoridades judiciales en los próximos meses, tras varios anuncios de disminución de recursos.