Investigación contra diputado Sánchez es secreta

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por medio del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, culminó la investigación para determinar si el diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC) pudo incurrir en una estafa al firmar un contrato por servicios profesionales con este partido alegando que era “licenciado en periodismo”, cuando en realidad nunca culminó sus estudios.

En junio del 2019, DIARIO EXTRA informó que Sánchez firmó dos contratos con el PAC para la campaña del 2010, donde recibió ¢14.275.000 millones de la deuda política.

Además, en 2014, también firmó otro contrato con esta agrupación política por ¢3.375.000 millones, pero donde solo se identificó como periodista.

Es decir, en total recibió un total de ¢17.650.000 millones de fondos públicos. 

El mismo Sánchez reconoció en su momento que no concluyó sus estudios en la Universidad de Costa Rica en el 2012, pero que nunca ha dicho que sea licenciado en periodismo y que lo que ocurrió en los dos contratos fue un “error material”.

A FISCALÍA

Tras consulta de este medio, el TSE, mediante de Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, indicó el pasado 10 de setiembre que la investigación administrativa preliminar bajo el expediente n.º 2019-EE-PAC-002 ya ha finalizado.

“Sus resultados fueron remitidos el 18 de mayo de 2020 a la Fiscalía General de la República mediante oficio n.º DFPP-440-2020 de esa misma fecha, para lo de su cargo y en razón del requerimiento planteado por esa instancia ante este Departamento”, comentó Chacón.

Al consultar si era posible conocer los alcances de la investigación, Chacón explicó que el Código Penal impide brindar detalles.

“En esta materia rige el Código Procesal Penal, pues es un asunto que se remitió a la Fiscalía General de la República y que -entiendo- guarda relación con una causa penal abierta en esa instancia. Se podría consultar el artículo 295 del Código Procesal Penal y lo que sobre este ha señalado el Tribunal Supremo de Elecciones, particularmente en su resolución n.º 4333-E7-2019. Esta resolución es de especial relevancia para esta consulta puntual, pues en ella el Tribunal dispuso que \”(…) De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que hay una imposibilidad legal de brindar a terceros información que, pese a estar en custodia de la Administración Electoral, forme parte de un proceso penal que se encuentre en la etapa preparatoria; esto incluye, por supuesto, relaciones de hechos enviadas por la institución al Ministerio Público para que se investiguen actuaciones que, según las consideraciones del remitente, podrían configurar algún delito”, mencionó el funcionario del TSE.

En la oficina de prensa de la Fiscalía, por su parte, señalaron que se estaba en análisis de los resultados de la investigación realizada por el TSE.

También se consultó si el Ministerio Público había abierto una investigación de oficio sobre este caso, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

En un oficio que el diputado Sánchez le envió a Chacón explicó que: la abreviatura Lic., que hace referencia al título de Licenciado, y el texto, “Lic. en Periodismo” que aparecen en los contratos, obedecen a un error material, donde no concurren el dolo ni la mala fe, ni se busca el engaño de alguna de las partes firmantes ni tampoco del Tribunal Supremo de Elecciones”. 

“No oculté información alguna al PAC acerca de mis atestados, ni antes de firmar el contrato, ni durante su ejecución. Nunca he ocultado que no ostento un título universitario. He reconocido mi equivocación de no haber sido más meticuloso al revisar dichos documentos y corregir ese error”, explicó en su momento el diputado del oficialismo.

Insiste que según el fallo de la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-5/85 y ratificado luego por la Sala IV, “que para ejercer el periodismo no se requiere ninguno de esos requisitos, pues cohartaría la libertad de expresión y sería negativo para la democracia”.