Denuncian “fallos en sistema de supervisión”
Los miles de inversores de Coopeservidores R.L. que tenían más dinero en la entidad de lo que cubría el depósito de garantía contemplan demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, reveló Antonio Barzuna, uno de los afectados por el caso de intervención, a DIARIO EXTRA.
Según comentó, consideran que las autoridades del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) actuaron a destiempo y se dieron fallas en el sistema de control de las entidades.El inversionista explicó que, aun cuando el Banco Popular entregó a miles de asociados, ahorrantes e inversores de la cooperativa los recursos que debía como parte de la Fase III del proceso de resolución el jueves pasado, quienes tenían montos superiores al fondo garante no pudieron recuperar la totalidad de su dinero.
Esto, a pesar de que se les permitió salvar un 50% del saldo que se refleja como adicional o en exceso del depósito garantizado, recursos que el ente resolutor determinó como “banco bueno”.
El dinero que no se les entregó corresponde al “banco malo” (que es el 36% de la cartera de crédito de Coopeservidores), y debe de ser colocado u ofertado por el ente resolutor, con el fin de que alguna entidad financiera la absorba. Esto antes del 21 de junio de 2025, cuando finaliza el año de resolución.
“Vamos a seguirlo peleando, vamos a pelear hasta el último céntimo, hasta el último colón, de manera tal de que podamos ir recuperando más porcentajes de nuestras inversiones originales”, aseveró Barzuna.
El afectado argumentó que esa cartera de crédito todavía no ha pasado al “banco malo” o fideicomiso y “sigue en el escritorio del resolutor”, pero que de ahí todavía pueden salir porcentajes de recursos que se irán recuperando en los próximos meses.
“Los porcentajes que finalmente, después de todo el proceso de resolución no se logren recuperar, son los que al final el resolutor envía a sede judicial, a un proceso concursal y ese proceso es mucho más lento, con porcentajes de recuperación bastante bajos”, manifestó.
De forma paralela a ese proceso, los inversionistas de la cooperativa presentarán la demanda en contra del Estado.
LEY FAVORECIÓ
Pese a que no han logrado recuperar todos sus recursos, Barzuna subrayó que la aplicación de la Ley No. 9816, “de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros” favoreció a los inversionistas afectados.
El caso de Coopeservidores fue la primera ocasión en que se aplicó la norma aprobada en febrero de 2020. Antes de esa fecha, las entidades en riesgo debían ir a procesos de liquidación.
Por ese motivo, según dice el inversor, la aplicación de la ley permitió que el Banco Popular comprara el 64% de la cartera crediticia de Coopeservidores, establecida como “banco bueno”.
“Ahí es donde yo salgo a decir que el Popular, desde que mostró interés por adquirir la cartera de la cooperativa, es nuestro aliado, ya que en caso de que no hubiese aparecido ningún otro ente interesado, y del todo nadie ofertaba, se nos enviaba a sede judicial”, declaró.
Según dice, con la nueva norma se les permite recuperar porcentajes importantes de sus recursos en sede administrativa, a la que recurrirán una vez finalice el proceso de resolución. La Ley No. 9816 fue una de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para permitir el ingreso de Costa Rica.
