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Un grupo de inversionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR), expresó preocupación por las recientes comunicaciones de la entidad en el caso de la compra del Parque Empresarial del Pacífico.
Además, solicitan una mayor transparencia y trato justo a las personas afectadas.
Por esto, presentaron una solicitud de información dirigida al Gerente General del Banco de Costa Rica, Julio César Trejos; a la presidenta del BCR, Mahity Flores, al gerente general de BCR SAFI, Douglas Montero, y al presidente de la Junta Directiva de BCR SAFI, Luis Emilio Cuenca.
“En defensa de nuestros derechos constitucionales y en procura de la transparencia que debe regir en la relación con los clientes, solicitamos esta información. Es fundamental para garantizar la simetría informativa y la debida protección de los intereses de quienes hemos depositado nuestra confianza en el Banco de Costa Rica y en su SAFI”, señaló Rodrigo Carazo, vocero del grupo de inversionistas.
En el comunicado, los afectados hacen cuatro solicitudes de información:
Parque Empresarial del Pacífico
En marzo del 2020, el Fondo Inmobiliario No Diversificado del BCR SAFI adquirió el Parque Empresarial del Pacífico, ubicado en Esparza, por un monto de $70 millones para agregar a su portafolio.
Sin embargo, en setiembre del 2022, un grupo de inversionistas presentó una denuncia en contra de la Sociedad del Banco por un presunto sobreprecio en la compra del inmueble.
Una auditoría del BCR SAFI, indicó que el valor real era cercano a los $35 millones.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval), en la resolución SGV-R-179-2024 del 29 de octubre del 2024, le ordenó tanto a la Sociedad como al Banco de Costa Rica aportar los $70 millones de la transacción al Fondo Inmobiliario para reducir el impacto a los inversionistas.
El BCR apeló la orden emitida, aunque el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), declaró sin lugar el recurso presentado por el Banco y la SAFI.
Posterior al fallo del Conassif, el Banco comunicó que iba a llevar la situación a los Tribunales de Justicia.
“El acatamiento de dicha medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado. El Conglomerado Financiero BCR enfatiza su profundo respeto por el orden institucional y regulatorio del país. Sin embargo, considera que la directriz en cuestión impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los Tribunales de Justicia”, indicaron en un comunicado de prensa.