Inversiones en Aldesa se prestaban para confusión
La forma en que se relacionaban las 41 sociedades de Aldesa podría haber generado conflictos de intereses entre las partes, aseguró el Informe Financiero elaborado por la sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este informe también plantea que los inversionistas debieron ser informados de la forma en que estaba estructurado el conglomerado de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI).
Según el escrito: “Dichas vinculaciones representaban un riesgo para los inversionistas de ACI, quienes podían asumir que las inversiones realizadas se encontraban respaldadas y garantizadas por un ente regulador como la Sugeval, ya que se utilizaba la plataforma comercial y bursátil de Aldesa Puesto de Bolsa, para ser referidos al emisor ACI”.
El problema se presentaba en tanto que algunas de las sociedades habrían manejado fondos privados, mientras que otras realizaban ofertas de fondos públicos que son regulados.
Esto podría haber generado confusión en algunos inversionistas que creían estaban realizando inversiones en fondos de naturaleza pública y regulada, que son más seguros, cuando en el fondo sus dineros se habrían utilizado para capitalizar proyectos inmobiliarios privados.
AFECTADOS NO
CONOCÍAN INVERSIONES
Según consta en la auditoría del OIJ anteriormente señalada, varios afectados habrían creado carteras de inversión donde buscaban colocar sus dineros en fondos regulados, sin embargo, se dirigían a productos privados inmobiliarios desarrollados por otras empresas del grupo.
Un ejemplo de esto habría sido lo que le pasó a una afectada de apellido Dubuisson, quien invirtió originalmente en proyectos regulados. Así constaría en el contrato firmado entre la afectada y el puesto de bolsa de Aldesa.
El informe del OIJ sobre este tema señala que el contrato pretendía generar inversiones en: “entidades aprobadas, fiscalizadas y supervisadas tanto por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como por la Bolsa Nacional de Valores, según se estipula en los mismos contratos, y no se encontró evidencia adicional que demuestre la existencia de una relación contractual entre la denunciante y alguna otra empresa del grupo económico Aldesa (no regulada)”.
Pero posteriormente, el 18 de noviembre de 2015, la ofendida Verónica Dubuisson firmó el documento “Documento de Aceptación del Inversionista-Inversionista Físico no sofisticado”, en el cual consta un logo con la palabra “Aldesa”, en forma general, sin especificar una empresa en particular. Todo esto sin tomar en cuenta el perfil aprobado de inversión de la afectada.
PRODUCTOS PRIVADOS
NO REGULADOS
Los fondos privados de inversión a los que se refiere la denuncia son principalmente inversiones en proyectos inmobiliarios como Monte del Barco en el Polo Turístico Papagayo, Gravitón, Terra Verbena, Infinito Versol y La Balbina. Con excepción de Gravitón, todos ellos representaron proyectos inmobiliarios que a la postre fueron fallidos.
De esta forma, Aldesa habría usado como esquema de obtención de inversiones para sus proyectos inmobiliarios a los propios inversionistas de productos regulados, cambiando las propias carteras de inversión. Pero los problemas de estos productos privados no habrían quedado solo en temas financieros.
Según Verónica Riboldi, asesora legal de Aldesa, en correo del 11 de enero de 2018: “los productos privados estructurados por sociedades del grupo económico Aldesa y que eran ofrecidos o recomendados por Aldesa Puesto de Bolsa, no cumplían con la normativa regulatoria, ni las políticas internas para ese tipo de colocaciones, lo cual también contraviene lo estipulado en el Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias”.
Esto podría significar que dichas inversiones habrían incumplido inclusive las normas que se impuso el Grupo Aldesa para desarrollarlas.
Otro hecho que la investigación encontró es que en básicamente las 41 sociedades la participación societaria perteneciente a Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) era superior al 90% y en muchos casos alcanzaba al 100%.
Además todas las empresas compartían las mismas personas en los puestos de la junta directiva.