Administración compromete funcionamiento de instituciones públicas.
Según los resultados del informe Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, elaborado por la Universidad Nacional (UNA), la Administración Chaves Robles ha disminuido la inversión social ante la falta de una política clara enfocada en dicho sentido.
Los resultados se publican cada cuatrimestre, pues se realiza una radiografía de la situación social en que se ve envuelto el país.
Dentro de los señalamientos más relevantes que hace el informe, destaca que el Gobierno debe revisar el Presupuesto Nacional del próximo año, ya que de ahí se obtienen la mayoría de recursos en programas sociales.
“Se ha reducido sustancialmente la parte de inversión social, un país que quiere mejorar su tejido social tiene que hacerle frente a una posibilidad, a la forma de hacer políticas sociales más coherentes, más claras”, externó Carlos Carranza, coordinador del análisis.
Por ejemplo, en el caso del Presupuesto Nacional de 2024, el estudio expone que, según los datos del Ministerio de Hacienda, el monto previsto en inversión social para 2024 será de 4.839 millones, un 38,3% del total del presupuesto y un 9,75 del PIB. Se trata del porcentaje más bajo en los últimos diez años.
Según relata la investigación, los sectores más afectados son cultura, educación y vivienda, que influyen directamente en la calidad de vida de los costarricenses.
LA BRECHA EDUCATIVA
Uno de los aspectos que toma en cuenta el informe es la situación del sector educativo, pues subraya el presupuesto y los resultados del Estado de la Educación, donde se evidencian serias falencias.
“Una de las principales preocupaciones para la educación pública del país es el incumplimiento del PIB, el 8% para la educación, al no cumplirse, compromete al funcionamiento de las instituciones públicas, en este momento se está dando un 6%. Se considera que es el presupuesto más bajo de los últimos 9 años e incluso afecta a la preparación de los docentes, ya que la tasa de la participación docente en las capacitaciones ha disminuido un 79%”, apunta el documento.
Estos factores llaman la atención sobre una carencia en el fortalecimiento del sistema educativo costarricense, modelo que se ve afectado cuando anteriormente era una de las fortalezas.
“Después del COVID 19, la educación unidireccional aceleró su posicionamiento, las brechas desigualitarias sociales y tecnológicas, son más evidentes. Estas brechas muestran muchas dimensiones para ver la política educativa de una manera más corporizada”, asevera el estudio.
La investigación además relata que el informe del Programa Estado de la Nación (PEN) muestra cómo la educación del país está en crisis, evidenciando tanto los rezagos históricos como los efectos sociales y económicos.
“Con respecto a los rezagos, diversos grupos de estudiantes se encuentran rezagados, en este grupo se encuentran los niños que van a preescolar, población indígena, quienes no tienen conectividad, las personas de educación especial y quienes asisten a modalidades como educación abierta.
La educación remota no consiguió los resultados en cuanto a aprendizajes de calidad. Esta es la situación que vive la educación de Costa Rica, la razón por la que se puede dar otro ‘apagón educativo’ como hace 40 años atrás”, sentencia el documento.
De la mano con la educación y la niñez, está el programa de becas Avancemos, una ayuda que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para impulsar y mantener dentro del sistema educativo a los menores de edad.
Según el análisis, este programa se está quedando corto para cubrir a la gran cantidad de personas que así lo requieren:
“Las becas para estudio de Avancemos que otorga el IMAS, sólo cubren a un 31% de la población que las requieren, quedando al menos 122 849 personas jóvenes excluidas de las mismas y por lo tanto del sistema educativo. Esto se dio por la reducción en el monto del presupuesto para el 2023, lo que llevó a ‘priorizar’ entre otorgar el beneficio: población de primaria y secundaria en pobreza extrema”.
BAJAS EN EL GABINETE
Con respecto al manejo del país en términos más generales, el estudio critica el continuo cambio de jerarcas en el Poder Ejecutivo, cuestionando que, en un periodo de tiempo tan corto, la rotación de mandos se ha hecho costumbre.
“Un Gobierno debe desarrollar la capacidad de desarrollo institucional como factor fundamental, como factor de primer orden, el hecho de que sigan habiendo de junio al 22 de setiembre renuncias, demuestra que no hay ese elemento, se pierde direccionalidad”, argumentó Carranza.
Según el director del programa, ver tantas renuncias refleja una falta de coherencia en la gestión gubernamental. Agregó que esta dinámica no permite seguir una línea en políticas públicas teniendo que tomar nuevas decisiones y virando hacia otro sentido cada vez que hay rotación de jerarcas.
DARDO A LA CAJA
Otra institución que no se salvó de los señalamientos fue la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues se mencionan hechos puntuales donde no se tomaron las resoluciones necesarias.
El primero en el que se hace hincapié es la crisis de ocupación que maneja el Hospital Max Peralta de Cartago, que no puede afrontar totalmente la atención a los ciudadanos, además de influir en las labores médicas de los funcionarios al limitar el espacio y la estructura del nosocomio.
Subrayan también falencias en temas como el equipo, los materiales y todos los implementos necesarios para una buena atención a la ciudadanía, la cual se vio afectada por el colapso del centro médico.
“El Hospital de Cartago requiere de una urgente actualización en equipos técnicos, en capacitación del personal para prevenciones y adecuar sus instalaciones para la cantidad de personas que deben de atender y sus condiciones volviéndolas más óptimas”, dice el texto.
También mencionan la deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja, señalando que es una problemática que repercute directamente en la calidad de vida de los costarricenses, ya que los servicios que brinda la Caja dependen de sus finanzas.
“La deuda que el Gobierno mantiene con la CCSS continúa siendo de grave interés y de altas voces. Por ello, el 15 de julio se tomaron las calles exigiéndole al gobierno de Rodrigo Chaves que pague la deuda que se mantiene con la CCSS. Esto de manera en la que se prevenga la privatización de la misma”.