La seguridad vial es una necesidad cada vez más urgente, y no solo por la cifra de accidentes y fallecimientos en carretera, sino por la falta de recursos que enfrentan nuestros efectivos encargados de dicha materia.
A pesar de que la Ley de Tránsito contempla sanciones para conductores bajo el efecto de sustancias psicoactivas, la realidad es que los oficiales carecen del equipo adecuado para aplicar la normativa en casos de consumo de drogas. Resulta paradójico que una ley tan necesaria pierda efectividad debido a la carencia de herramientas, dejando en riesgo a miles de costarricenses.
Este problema no solo afecta a quienes manejan bajo la influencia de sustancias ilícitas; se extiende a las capacidades generales de control y prevención que los oficiales de Tránsito pueden ejercer. Las patrullas son escasas y el personal insuficiente, particularmente en cantones rurales, lo que deja amplias zonas desprotegidas.
Además, las delegaciones de Tránsito operan en condiciones deplorables, evidenciando la falta de inversión en infraestructura. Sin recursos básicos, es imposible esperar una respuesta rápida y efectiva que garantice la seguridad de todos en la vía pública.
La mejora en la seguridad vial depende de tres factores esenciales que funcionan como un banco de tres patas: una policía equipada y competente, una educación vial robusta y constante, y una infraestructura adecuada. El cuerpo policial debe contar no solo con detectores de sustancias para sancionar adecuadamente a quienes incumplen la ley, sino también con más patrullas y personal capacitado que permita cubrir todas las rutas y carreteras del país.
A su vez, es urgente que las delegaciones de tránsito estén equipadas y en buenas condiciones, para que puedan operar con profesionalismo y eficiencia.
La educación vial, por otro lado, debe continuar con una fuerte inversión en campañas que fomenten la responsabilidad al volante. Costa Rica necesita ciudadanos conscientes de las consecuencias de sus actos en la carretera y respetuosos de las normas de tránsito, capaces de asumir su rol en la reducción de accidentes. No podemos pedir una mejora en los índices de seguridad vial sin educar a los conductores en el respeto y la prudencia.
Por último, la infraestructura de nuestras carreteras requiere atención. El estado actual de muchas vías incrementa el riesgo de accidentes y dificulta el trabajo de los oficiales de tránsito.
La falta de señalización adecuada, el mal estado del asfalto y la ausencia de iluminación en tramos clave son factores que no solo contribuyen a la inseguridad, sino que también entorpecen el trabajo de los cuerpos de tránsito.
El llamado es claro: es urgente que el Estado priorice la inversión en nuestra Policía de Tránsito. Dotarla de equipos para detectar sustancias, de patrullas y de personal suficiente es fundamental para aplicar la ley de manera efectiva. De lo contrario, seguiremos observando cómo las normas y sanciones quedan en letra muerta, incapaces de cumplir con su objetivo de proteger vidas.
La seguridad vial no puede depender de parches temporales o de esfuerzos aislados. Es momento de tomar decisiones de fondo que fortalezcan un sistema integral y eficiente, porque la vida de cada costarricense en carretera depende de ello.
