La ley de empleo público aún genera malestar entre distintos gremios del sector público, los cuales insisten en señalar que dicha norma sería inconstitucional y, además, cuenta con múltiples vacíos legales.
En esta ocasión, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley Marco de Empleo Público, así como de su reglamento, pues los médicos consideran que contiene aspectos que violentan la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Distintos sindicatos han señalado que la norma violenta tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH), afecta la división de poderes del Estado y, además, congelaría salarios por un periodo de ocho años.
En esa línea, Siname impugnó los artículos que establecen el salario global, sobre todo para los médicos especialistas de la institución junto con el transitorio XI, el cual congela el salario de aquellos funcionarios que no tengan salario global.
“Por ejemplo, quienes ganan menos que el salario global tendrán aumentos, pero los componentes salariales estarán nominalizados lo que hace que no se tenga certeza en qué momento esos funcionarios van a alcanzar el salario global”, dijo el doctor Mario Quesada, presidente de Siname.
“Igualmente, quienes actualmente ganen más, tendrán sus salarios congelados por tiempo indefinido, haciendo menos competitivas las remuneraciones de los médicos especialistas y generando una presión al temido éxodo de este valioso recurso humano en nuestros centros de salud, agregó.
Según Quesada, la medida de salario global generará una salida de profesionales en detrimento de los servicios de salud.
Finalmente, aseguró que se violenta el artículo 73 de la Constitución Política.
PLANTADOS
La acción presentada por Siname se suma a las interpuestas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud).
Dentro de los cuestionamientos, señalan que la Ley Marco de Empleo Público violenta la libertad sindical, además de tratados ratificados por Costa Rica ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, señalan que afecta a los trabajadores públicos al aplicar principios de irretroactividad de ley.
Otro punto cuestionado es que la ley “dio potestad” al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para que se convierta en un “megaministerio” que concentraría poderes de forma unilateral y con criterio político.
Criterio similar tiene el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) quienes consideran que la ley “carece de legitimidad”.
“El proyecto omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a la asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, reclamó el sindicato universitario.
En la misma línea, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y el Movimiento Sindical Unido catalogaron el reglamento a la ley de empleo público como “antidemocrático”.
“No hubo participación democrática ni diálogo social. Hay deficiencias y omisiones en la reglamentación e implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Además, hay una gobernanza totalitaria de Mideplan: todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa ‘tutela’ política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial”, concluyeron.