
La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco) interpuso un recurso de amparo contra la entidad financiera, específicamente contra Néstor Solís, presidente de la junta directiva.
Lo anterior debido a que el BCR decidió declarar “confidencial” el acta de la sesión donde se vio el ajuste de salario del gerente general Douglas Soto, que terminó en un depósito erróneo de nada más y nada menos que ¢200 millones.
Unebanco alega que se trata de información de interés público y particularmente del sindicato. Explica entre sus alegatos que no entiende cómo pueden declarar confidencial un acuerdo en el que se aprobó un pago retroactivo con fondos públicos.
Considera además que no se justifica que la información se catalogue confidencial por haber una investigación en curso, respuesta que dio el BCR para justificar que no entregarían copia del acta.
“Se nos denegó información administrativa de interés público, violentándose el artículo 30 de nuestra Constitución Política”, indica el recurso de amparo que presentaron ante la Sala IV.
De acuerdo con Róger Muñoz, secretario de Unebanco, esta declaratoria no tiene ningún respaldo constitucional porque se trata de información administrativa, de interés público, a la que cualquier ciudadano debe tener acceso, con la finalidad de controlar el destino de los recursos públicos de esa institución.
“No existía ninguna investigación en curso, no obstante desde que se adoptó ese acuerdo ya había sido declarado confidencial, lo cual es totalmente improcedente. Ya desde ese momento la junta directiva del Banco de Costa Rica empezó a defraudar los principios de transparencia y publicidad, que son principios que informan la gestión de los servicios públicos”, manifestó.
A criterio de Unebanco, el acuerdo de la junta directiva que dispuso ajustar el salario del gerente general y depositar en su cuenta corriente esa cantidad de dinero tiene una sustantividad propia; es decir, la facilitación de ese acuerdo por sí mismo no podría causar ninguna afectación en el resultado de la investigación preliminar, de modo que no entienden la negativa del BCR.
Muñoz adujo que tampoco se ha informado cuál es la finalidad de esa investigación, tampoco el tiempo estimado que duraría. “Hasta podría ser la excusa para justificar esa improcedente denegatoria”, denunció.
El BCR también rechazó entregar información a DIARIO EXTRA relacionada con el “error” de pago de ¢200 millones al gerente general.
Este medio solicitó copia de las actas de las sesiones de junta directiva en las que se vio este tema, un informe de la gerencia jurídica en el que se recomienda el depósito y otro donde la auditoría interna revela que era improcedente, pero nos negaron todos.
Si bien Soto finalmente devolvió el dinero porque el ajuste salarial era de ¢16 millones y no de ¢200 millones, hasta ahora no se hace público qué ocurrió y por decisión o recomendación de quién se hizo ese depósito.