La Sala Constitucional confirmó que estudia una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que la Junta de Protección Social (JPS) estableció para el “otorgamiento de concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”.
El proceso ante el alto tribunal lo lleva a cabo la empresa K Sino Net Limitada, que se dedica a la comercialización de tarjetas telefónicas, pines, tiempo aire y similares, según registra en una consulta hecha por DIARIO EXTRA.
EL RECLAMO
La acción pretende que se declare inconstitucional el artículo 7 de ese reglamento. Este punto establece las limitaciones que tendrían las empresas que deseen participar en la venta de juegos electrónicos de la JPS mediante la página web.
“Establecimientos comerciales y personas jurídicas que tengan en curso investigaciones por infracción a la Ley de Loterías No.7395 y a cualquier regulación atinente emitida por la Junta. Personas jurídicas, representantes legales, socios o personas con capital accionario de éstas, que tengan en curso investigaciones por la venta o comercialización de juegos ilegales. Establecimientos comerciales y personas jurídicas que tengan impedimento legal para acceder a una concesión administrativa”, con las exclusiones que plantea el reglamento.
ARGUMENTACIÓN
La empresa reclamante alega que, mediante esas excepciones, a los comerciantes que deseen aplicar para la venta de productos de la JPS se les violentarían sus derechos de inocencia, debido proceso y defensa.
“Es contrario al Derecho de la Constitución por cuanto la JPS carece de norma legal que pueda ser desarrollada en un ‘reglamento’ que la habilite a restringir a priori, de su ámbito de contratación, a personas físicas o jurídicas que no hayan sido destinatarios de la posibilidad de defender sus derechos e intereses en relación con la administración, en sede judicial o administrativa, lo cual es violatorio del artículo 11 de la Constitución Política”, fundamenta el documento.
K Sino Net Limitada además menciona que este artículo limitaría el derecho de las empresas a ofertar y ser elegidas.
SIN INVESTIGACIÓN
La acción también indica que con la aprobación de ese artículo en el reglamento no se da la opción a que la JPS pueda investigar por completo cuáles son las empresas oferentes.
“Significaría colocar al administrado en una situación de indefensión y/o grosera vulnerabilidad, toda vez que la simple noticia que permita la apertura de una ‘investigación en curso’ implicaría la exclusión anticipada de un oferente de buena fe, lo cual conllevaría a una clara arbitrariedad”, fundamentan los denunciantes.
EL CASO
Se debe recordar que la JPS anunció a inicios de este año que plantearía nuevas propuestas de juegos electrónicos con las que buscaría combatir la venta ilegal de lotería.
Datos de la institución revelan que las pérdidas anuales por la venta de esos productos se estiman en ¢200 mil millones. Ante ello planteó un plan piloto con varios juegos, entre ellos lotéricos y de apuestas, que se pondrían a disposición este año.
No obstante, la propuesta enfrenta una serie de trabas y cuestionamientos de la Contraloría General de la República que mantienen con freno su avance. Además cuestiona la viabilidad de los nuevos juegos.
“Que no se cuenta con un análisis de variables de mercado que se puedan relacionar con el flujo e indicadores financieros de rentabilidad; con un estudio que concluya sobre la viabilidad técnica de los productos que se proponen; ni con un estudio del impacto organizacional/administrativo en la JPS, el cual determine el efecto del nuevo modelo de negocio”, indicó la Contraloría en un comunicado que envió a la JPS en mayo.
*Colaboró la periodista María Siu Lanzas.
SIN RESPUESTA
DIARIO EXTRA consultó a la JPS su posición sobre la acción de inconstitucionalidad que planteó la empresa K Sino Net Limitada, sin embargo al cierre de edición no obtuvimos respuesta.