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“El problema no es la deuda pública, sino la capacidad de gestionarla adecuadamente en beneficio del interés público.”
En Costa Rica nos han repetido hasta el cansancio que el problema fiscal se resume en una frase: el Estado gasta más de lo que tiene. Punto. Entonces la receta parece sencilla: recortar, ajustar y apretarse la faja.
Pero el debate no es tan simple. Dos investigaciones recientes de la Universidad de Costa Rica —“El sistema de la deuda pública en el contexto de la financiación global” (M. Rodríguez y E. Tasies), y “El sistema de la deuda pública y los derechos humanos” (E. Tasies, C. Gómez y R. Chamorro) — plantean algo que debería hacernos reflexionar: la deuda pública no es solo un número en una hoja de Excel. Es un sistema que mueve poder, distribuye beneficios y termina afectando directamente la vida de la gente.
La deuda, por sí sola, no es mala. Todos los países se financian. El problema es cómo se financian y bajo qué condiciones.
En los últimos años, Costa Rica llegó a pagar tasas de interés más altas que otros países comparables. ¿Por qué? ¿Quién define esas condiciones? ¿Quién gana cuando el Estado paga más intereses?
Cuando el Gobierno destina una parte creciente del presupuesto al pago de intereses y amortizaciones, ese dinero no va a hospitales, ni a escuelas, ni a programas sociales. Va al servicio de la deuda. Y ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente social.
Porque cuando el espacio fiscal se reduce, los derechos también se resienten. Salud, educación, vivienda, protección social… todo depende de recursos públicos. Si el pago a los acreedores se convierte en prioridad absoluta, ¿qué pasa con las demás obligaciones del Estado?
La narrativa dominante insiste en que el ajuste es inevitable y que el gasto público es el único culpable. Pero esa visión omite algo clave: el sistema de deuda está inserto en un engranaje financiero más amplio donde participan bancos, intermediarios, mercados internacionales y decisiones de política monetaria y fiscal.
No se trata de satanizar la deuda. Se trata de preguntarnos si el modelo actual realmente responde al interés público o si termina favoreciendo, de manera desproporcionada, la rentabilidad privada con recursos que son de todos.
Además, estamos hablando de compromisos que afectan generaciones. Cada emisión de deuda compromete ingresos futuros. Por eso la transparencia y el control democrático no deberían ser opcionales.
La ciudadanía tiene derecho a saber en qué condiciones se endeuda el país, quién intermedia, cuánto se paga realmente y cuáles son las alternativas.
Costa Rica ha construido históricamente un Estado social de derecho que es motivo de orgullo. Pero ese modelo depende de recursos. Si el servicio de la deuda absorbe cada vez más presupuesto, el riesgo no es solo contable. Es político y social.
El problema no es cuánto debemos, sino cómo funciona el sistema que administra esa deuda. ¿Existen suficientes controles? ¿Se evalúan los impactos sociales antes de asumir nuevos compromisos? ¿Se analizan opciones menos gravosas?
Si la deuda pública termina condicionando el presupuesto nacional y redefiniendo prioridades, entonces no estamos ante un simple asunto técnico. Estamos ante un tema que incide directamente en la calidad de nuestra democracia.
No podemos seguir tratando la deuda como un tema reservado a especialistas mientras sus efectos se sienten en aulas, hospitales y comunidades. El debate fiscal debe ampliarse. No es solo una discusión de cifras: es una discusión sobre poder, prioridades y derechos.
Nos han dicho que no hay alternativa. Pero siempre hay alternativas cuando existe voluntad política.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que el ajuste recaiga sistemáticamente sobre la población mientras el sistema de endeudamiento permanece fuera del debate. La deuda debe servir al país, no el país a la deuda.