Intereses impagables y cobro violento: el negocio del “gota a gota”

Los llamados préstamos o créditos “gota a gota” se han consolidado como una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento en Costa Rica. 

Aunque se presentan como una solución rápida ante urgencias económicas, en la práctica operan como esquemas de extorsión cobratoria que derivan en deudas impagables, amenazas y violencia contra quienes los contraen.

Desde la óptica penal, este fenómeno ocurre cuando una persona presta dinero y luego exige el pago mediante intimidación, amenazas directas o indirectas, incluso a través de terceros. 

En Costa Rica, esta conducta está tipificada en el artículo 214 bis del Código Penal como extorsión cobratoria, con penas que pueden ir de cuatro hasta quince años de prisión, según la gravedad del caso y si existe vinculación con delincuencia organizada.

Las autoridades identifican que el modelo “gota a gota” fue importado desde otros países de la región y se adaptó a las condiciones locales. A diferencia de los préstamos informales tradicionales entre particulares, esta modalidad opera como un mercado ilegal estructurado, con redes que se insertan en barrios, pequeños comercios y comunidades donde el acceso al sistema financiero formal es limitado.

Estudios recientes evidencian divulgados en el programa “Voces MP”que más del 5% de la población costarricense ha recurrido en algún momento a este tipo de financiamiento. La mayor incidencia se concentra en personas entre 25 y 44 años, económicamente activas, muchas de ellas con secundaria incompleta o con dificultades para acceder a créditos bancarios.

Las investigaciones del Ministerio Público han permitido identificar una estructura con roles definidos. No siempre quien cobra es el dueño del dinero. En estas redes participan quienes aportan el capital, quienes lo colocan, personas encargadas de la logística y los cobradores, que suelen ser los más visibles.

Los montos iniciales suelen ser relativamente bajos, entre ¢200.000 y ¢350.000. Sin embargo, los intereses pueden superar el 20 % semanal o diario, lo que provoca que en cuestión de semanas la deuda se multiplique. Un préstamo de ¢200.000 puede convertirse en más de ¢360.000 en un mes y, en algunos casos documentados, escalar hasta varios millones de colones.

Cuando la víctima se atrasa en un pago, las redes aplican distintas estrategias: refinanciar la deuda con mayores intereses, revenderla a otros grupos o recurrir directamente a la intimidación. Las amenazas, el hostigamiento, el robo de bienes y las agresiones físicas o psicológicas forman parte de los mecanismos de presión.

Un abordaje más amplio

El combate al “gota a gota” no se limita a la persecución penal. Expertos señalan la necesidad de acciones coordinadas en materia social, educativa y financiera, que reduzcan la exclusión del sistema formal de crédito y fortalezcan la prevención.

Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo la lupa este fenómeno, que ya no es marginal y que representa una amenaza real para la seguridad y la estabilidad económica de cientos de familias en el país.

Víctimas diversas, miedo común

Aunque históricamente se asoció este delito a personas en situación de pobreza, hoy el perfil de las víctimas es más amplio. Emprendedores, comerciantes informales y personas con ingresos variables también caen en estos esquemas, generalmente por urgencias económicas y bajos niveles de educación financiera.

El principal obstáculo para combatir este delito es el silencio. El temor a represalias, sumado a la dependencia económica generada por la deuda, dificulta que las víctimas denuncien. Esta dinámica favorece la permanencia y expansión de las redes criminales.

¿Qué pueden hacer las víctimas?

El Ministerio Público insiste en que ninguna persona merece vivir bajo amenazas por una deuda. Denunciar es el primer paso para romper el ciclo de intimidación. Las fiscalías ofrecen acompañamiento, activación de medidas de protección y un abordaje integral que prioriza la seguridad y la integridad de las víctimas.

Además del proceso penal, existen instancias especializadas para la atención y protección de víctimas y testigos, que brindan apoyo psicológico, social y jurídico. Las autoridades recalcan que el temor es comprensible, pero que el sistema de justicia está diseñado para brindar respaldo y garantizar derechos.