Inteligencia artificial y trabajo: una urgencia regulatoria impostergable

En pleno siglo XXI, Costa Rica carece de una normativa oportuna que regule la inteligencia artificial (IA), pese a que esta ya está presente en prácticamente todas las áreas de la vida humana (ciencia, medicina, educación, comercio y redes sociales) y, con especial intensidad, en el mundo del trabajo. Hoy, procesos tan sensibles como la contratación, la evaluación del desempeño o incluso la desvinculación laboral pueden estar siendo decididos por algoritmos.

La IA puede entenderse como el conjunto de sistemas capaces de procesar datos, aprender patrones, tomar decisiones automatizadas y ejecutar funciones tradicionalmente realizadas por personas, buscando emular -en mayor o menor medida- el funcionamiento del cerebro humano. El problema no es su existencia, sino su uso sin reglas claras.

En Europa, aunque no existe todavía un reglamento laboral específico sobre decisiones automatizadas, desde 2018 rige el Reglamento General de Protección de Datos, que ofrece una protección indirecta pero robusta a las personas trabajadoras. Este instrumento reconoce, entre otros, el derecho a la información, el derecho a la explicación y el derecho a oponerse a decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a la persona.

Ello implica que, si una empresa rechaza una candidatura, deniega un ascenso, modifica condiciones de trabajo o incluso despide mediante sistemas automatizados, la persona afectada tiene derecho a conocer, cuestionar y oponerse a esa decisión. Así lo ha reforzado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Dun & Bradstreet Austria (C-203/22), al señalar que no basta invocar la confidencialidad del algoritmo: deben explicarse los datos utilizados y su incidencia en la decisión, como parte del debido proceso, según ha referido el laboralista español, Adrián Todolí.

La inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica; es un fenómeno sociojurídico que está transformando la dirección y el control empresarial. 

Frente a ello, el Estado costarricense no puede permanecer indiferente. Se impone una regulación laboral de la IA, inspirada en principios fundamentales como la dignidad humana, la protección de la persona trabajadora, la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la responsabilidad.

Regular no es frenar el progreso. Por el contrario, es permitir que la inteligencia artificial se desarrolle con seguridad jurídica, equilibrio y razonabilidad, en beneficio tanto del empleo público como del privado.