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Desde el Colegio de Abogados y Abogadas del país, un grupo de profesionales en derecho, hemos venido, dando en cada sede regional, una capacitación sobre el derecho procesal, a fin de que los agremiados, estén debidamente actualizados. Es que como decía el profesor Eduardo J, Couture, uno de los mandamientos de nuestra profesión, es precisamente la actualización, si no, sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.
Por mi parte, me ha tocado, capacitar sobre el procedimiento inspectivo de infraccionalidad laboral, desde el ámbito administrativo como jurisdiccional. Recordando, que las infracciones laborales, hay que abordarlas desde 3 aristas, no solo desde el ángulo judicial, sino también desde el administrativo público y el cuerpo inspectivo laboral. Solo así se puede entender de manera integral este importante tema, dentro del derecho del trabajo.
En primer lugar, hay que recordar que el Estado surge como respuesta a las condiciones precarias de la humanidad, buscando garantizar la convivencia y el bienestar. Rousseau planteaba que, aunque las personas nacen libres, sujeciones naturales, requieren una estructura estatal que garantice derechos y obligaciones, para lo cual hay que ceder parte de esa libertad natural y en caso de transgresión imponer las sanciones convenidas previamente, dentro del marco de legalidad.
En segundo lugar, la Inspección de Trabajo (como ente encargado de fiscalizar la no transgresión del marco laboral) tiene sus raíces en el siglo XIX, comenzando en Inglaterra con la protección de los derechos de las personas trabajadoras (menores de edad). Se establecieron inspectores de fábricas para prevenir enfermedades y asegurar condiciones laborales adecuadas. Con el tiempo, este modelo se expandió a otros países, incluyendo Costa Rica.
A nivel nacional, la Inspección de Trabajo se formaliza con el Decreto-Ley No. 33 en 1929, enfatizando la creación de una Secretaría de Estado dedicada a la regulación laboral. Desde entonces, ha evolucionado, marcando la historia de la legislación laboral en el país, incluyéndose por primera vez dentro del Código de Trabajo y posteriormente emitiéndose una ley orgánica del ministerio de trabajo y sus reglamentaciones, que son los instrumentos que la regulan actualmente.
El objetivo de la Inspección de Trabajo es fiscalizar el cumplimiento de normas laborales. Siendo sus acciones: a) a petición de parte: Denuncias de administrados; b) oficiosa: Inspecciones por iniciativa de la Inspección para identificar sectores problemáticos; c) focalizada: Inspecciones dirigidas a infracciones específicas. Viniéndose a separar con la entrada en vigencia de la ley no. 9343 (Reforma Procesal Laboral), la función de la conciliación, para delegarla en la Dirección de Asuntos Laborales, con lo cual, se viene a mejorar el enfoque en la fiscalización, sin que se le pueda achacar que es juez y parte, como sucedía antes de la reforma.
Es que, el enfoque integral de las infracciones laborales, que abarca tanto el ámbito judicial (ya que es el ente encargado de imponer las sanciones por infraccionalidad) como el administrativo (donde emana la verificación del incumplimiento), son esenciales para comprender la complejidad de la Inspección de Trabajo en Costa Rica, en donde transcurre, entre el plano administrativo y lo judicial, para conseguir la imposición de una multa por contravención a las normas laborales.
A medida que el mundo avanza hacia una mayor globalización y digitalización, es crucial que se capacite a los diversos actores involucrados en la regulación laboral, ya que la protección de los derechos laborales y el concepto de trabajo decente deben ser prioridades para todos, garantizando que la evolución de las estructuras laborales no comprometa la dignidad y bienestar de las personas trabajadoras, como tampoco la competitividad económica empresarial del país.