La falta de un intérprete atrasó el juicio que este lunes iniciaba contra la banda de un sujeto de apellidos Cortés Amador, hijo de la exministra de Salud Guiselle Amador, el cual estaba previsto en el Tribunal Penal de Cartago a las 8 a.m.
A este hombre se le vincula con otras cinco personas con quienes aparentemente habría conformado una banda que se dedicaba a la siembra de plantas de marihuana, de las cuales posteriormente extraían el aceite y la cera, derivados que empacaban en ampollas o cartuchos para luego venderlos a precios entre ¢60 mil y ¢100 mil.
Los otros sospechosos son una mujer de apellidos Redondo Ramos, así como cuatro hombres apellidados Bermúdez Molina, Bastos Herrera, Pizarro Cartín y Owen Strauss, este último extranjero cuya lengua natal es el inglés.
Precisamente fue por este sujeto que en el debate se requería la presencia de un intérprete, pero según confirmaron en la oficina de prensa del Poder Judicial el juicio se tuvo que suspender porque no había uno disponible.
Añadieron que la audiencia se reprogramó para hoy martes a las 8 a.m. ya con la presencia del especialista que ayudará al imputado con la interpretación de todo lo que se hable durante el proceso.
El juicio estaba programado para que finalizara el próximo 12 de enero, sin embargo, con este atraso presentado ayer podrían extenderse los días para que llegue a su etapa final.
EL CASO
Las pesquisas contra este grupo comenzaron en abril de 2018 cuando los agentes de la Policía de Control de Drogas recibieron información confidencial en que les indicaron que, al parecer, los imputados se dedicaban a alquilar viviendas para producir las plantas de marihuana gourmet y vender sus derivados.
De acuerdo con las pesquisas hechas por las autoridades, aparentemente este grupo vendía la droga procesada en presentaciones como cera, aceite y creepy.
Sobre Cortés detallaron que ya tenía antecedentes por tenencia de drogas y era uno de los superiores jerárquicos, encargado de administrar, coordinar acciones, girar órdenes y aportar o suministrar dineros a la organización.
Fue así como en febrero de 2019 los oficiales los detuvieron tras allanar una bodega y cinco viviendas en Cartago, Heredia y San José, incluida la de la exministra.
En los inmuebles se decomisaron $3.100 en efectivo, celulares, documentos de interés financiero, tarjetas de débito y crédito que, aparentemente, se utilizarían para gestiones ilícitas.