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El proyecto de presupuesto nacional para 2027 contempla ¢29.850 millones para el mantenimiento, la adecuación y la construcción de infraestructura educativa, así como para la adquisición de terrenos, pese a que las necesidades identificadas por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ascienden a ¢51.184 millones.
La diferencia entre ambos montos es de ¢21.334 millones, recursos que no fueron incorporados para atender los proyectos de inversión de las juntas de educación, según el informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el presupuesto del próximo año.
Lo anterior ocurre mientras los centros educativos mantienen necesidades de infraestructura pendientes, entre ellas las relacionadas con órdenes sanitarias que requieren atención.
A julio de este año, el Ministerio de Educación Pública (MEP) registraba 879 advertencias sanitarias en centros educativos de todo el país, una cifra que refleja parte de las necesidades que enfrentan las instalaciones educativas.
Del total, 151 correspondían a advertencias verdes, consideradas las de menor gravedad; 620 eran amarillas, que requieren mantenimiento mayor, y 108 estaban clasificadas en rojo, la categoría más grave.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, descartó que el presupuesto previsto para 2027 afecte la atención de las necesidades de infraestructura educativa. Aseguró que el MEP dispone de otras fuentes de financiamiento para ejecutar las obras pendientes.
“¿Una afectación? En lo más mínimo. El requerimiento más o menos en infraestructura puede rondar los $1.000 millones, porque en realidad nosotros tenemos 5 mil centros educativos”, afirmó Sánchez.
El jerarca explicó que cuentan con un banco de proyectos que abarca 1.300 centros educativos y que la inversión necesaria para recuperar la infraestructura deteriorada supera los recursos incluidos en el presupuesto nacional.
“Creemos que con ese presupuesto, más los recursos en caja única del Estado, Proeri, Japdeva, y el Inder, son recursos que nos permiten a nosotros durante hacerle frente a ese banco de proyectos tan importante que tenemos”, manifestó.
Sánchez señaló que el MEP también coordina con las juntas de educación para aprovechar los remanentes disponibles y destinarlos al mantenimiento de los centros.
Según explicó, estas labores permiten atender necesidades antes de que se agraven las condiciones de las instalaciones.
El presupuesto para educación en 2027 asciende a aproximadamente ¢2,75 billones y presenta una disminución del 0,7% respecto al presupuesto inicial de 2026. Parte de la variación se relaciona con reclasificaciones presupuestarias y reducciones en transferencias.
Ese monto equivale a un 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 8% que establece la Constitución Política.
La CGR explica que el pago del servicio de la deuda y la consolidación fiscal reducen la disponibilidad de recursos para la inversión social. Este escenario también repercute en las partidas destinadas a infraestructura educativa.
En el análisis del presupuesto, el órgano contralor advierte que los faltantes pueden afectar la capacidad de las instituciones para cumplir sus objetivos.
Lo anterior ocurriría si los diputados aprueban el proyecto de presupuesto nacional para 2027, presentado a inicios de setiembre por el Ministerio de Hacienda, que contempla un recorte de ¢393 mil millones.
MEP tendría menos presupuesto
Desglose del presupuesto
Leonardo Sánchez
Jerarca del MEP
“Así que si hay una afectación con el presupuesto, la respuesta es no, porque los recursos que tenemos en diferentes partidas y diferentes instituciones nos permiten a nosotros poder cumplir e ir desarrollando a lo largo de estos 4 años ese portafolio de proyectos”.