En el segundo día de juicio de la segunda parte del caso Crucitas se hizo presente Allan Astorga, geólogo ambiental, que aproximadamente por 1997 fue el evaluador ambiental y secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y que para 1998 salió de la institución.
Astorga mencionó que en 2001 una empresa dedicada a la extracción mineral solicitó los respectivos permisos para realizar la exploración de suelos mineros en Crucitas.
Dicha empresa solicitaba la explotación de 120 hectáreas con un material conocido como saprolita (utilizado para extraer oro diseminado que se encuentra pulverizado entre las piedras) y la eliminación de bosques, ante esto la Secretaría pidió apoyo, para la revisión del estudio técnico, a la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, donde Astorga era profesor.
“Porque fui secretario de Setena anteriormente, la directora de la escuela en ese momento me solicitó que le revisara el estudio, donde me di cuenta que existía una especie de anomalía en el tema de la solicitud de la viabilidad ambiental porque el área donde se iba a hacer la explotación minera tenia mucha fragilidad desde el punto de vista biológico, además, de gran cantidad de bosque”, indicó.
También el experto mencionó que existían problemas en los mantos acuíferos donde se verían afectados dos ríos cercanos al hacer este tipo de trabajos. En Costa Rica existe una prohibición de cantidad de bosque deforestado, según la Ley Forestal por lo que en esta ocasión no procedió este estudio y fue rechazado por la Secretaría.
Sin embargo, según el testigo, para 2004 se anuló esta sentencia por lo que la empresa solicitó un anexo a lo que Setena procedió a su revisión y fue declarado viable.
En esta ocasión la empresa solicitó la explotación de 50 hectáreas con una profundidad de 60 metros, pero de roca dura lo que provocaría que se utilizara más dinamita y cantidad de cianuro.
La valoración que dio Astorga fue que, a pesar de disminuir la cantidad de hectáreas del primer proyecto, el daño ambiental se incrementó debido a que se pasó a explotar aproximadamente 20 millones de toneladas de oro, por lo que era necesario la utilización de más materiales para la extracción de este elemento.
En dicha audiencia declaró también Sabrina Loaiza, quien trabajó en el Sindicato Nacional de Enfermería en el Departamento de Recursos Humanos y asesoría legal hasta 2011, e indicó que en su momento se solicitó criterio técnico legal con respecto al análisis del estudio ambiental, sin embargo, no fueron estudios vinculantes.
Desde El Periódico del Pueblo conversamos con José Miguel Villalobos Umaña, abogado de cinco de los imputados en este caso, quien mencionó esperan aclarar los hechos y demostrar que ninguno de ellos cometió el delito de prevaricato.
“Quiero demostrar que ninguno de mis representados cometió el delito de prevaricato en el que se les atribuye el delito de dictar resolución contraria a la Ley, pero el código y la jurisprudencia establecieron que el funcionario las dicta a sabiendas que está dictando una resolución ilegal.
Pero en este caso mis representados siempre actuaron bajo asesoría, recomendaciones y criterios técnicos tanto de Setena como del Ministerio y en ningún caso se advirtió que no firmaran algo”, mencionó.
PERSONAS ACUSADAS
Espinoza | Valverde | SETENA |
Cavalini | Chinchilla | SETENA |
Dobles | Mora | EXMINISTRO |
Boza | Quesada | SETENA |
Cruz | Ramírez | SETENA |
Morales | Arias | SETENA |
| Fernández | SETENA |