Informe expone riesgos sobre funcionarios ad honorem del Congreso

La Asamblea Legislativa se expone a enfrentar demandas y pagar indemnizaciones con fondos públicos por accidentes sufridos por funcionarios ad honorem, debido a que la póliza contratada para cubrirlos ofrece montos insuficientes y la institución carece de recursos presupuestados para asumir eventuales diferencias.

Un informe elaborado por los departamentos de Recursos Humanos y Asesoría Legal, a solicitud del Directorio del Congreso, advirtió que la cobertura vigente apenas reconoce hasta ¢2 millones por muerte o incapacidad y ¢500.000 por gastos médicos. A la vez, el documento menciona desórdenes en el control de este personal.

Esto ocurre pese a que estos colaboradores son considerados servidores públicos y el Congreso tiene la obligación de responder por los accidentes que sufran durante el ejercicio de sus funciones.

“Aunque se trata de personas que prestan colaboración sin percibir remuneración económica, su incorporación conlleva la activación de diversos procedimientos administrativos, controles institucionales, asignación de recursos, gestión documental y coordinación interdepartamental, que demandan tiempo operativo y recursos institucionales comparables, en múltiples aspectos, a los requeridos para el nombramiento de personal ordinario”, refiere el informe, del cual Grupo Extra tiene copia.

No obstante, el documento asegura que, a la fecha, no se registran antecedentes en los que haya sido necesario activar la póliza correspondiente a este tipo de personal por accidentes ocurridos durante el ejercicio de sus funciones.

Una revisión realizada por este diario a las actas del Directorio del Congreso señala que, en lo que va del nuevo periodo constitucional, la directiva legislativa formalizó al menos 127 nombramientos bajo la condición de asesores o colaboradores ad honorem en distintas fracciones políticas y dependencias administrativas.

El informe destaca que, desde una perspectiva organizacional, la incorporación de asesores ad honorem genera un apoyo institucional “con efecto positivo”, especialmente en los despachos legislativos, las fracciones políticas y las áreas administrativas.

Además, menciona que la participación de este personal permite reforzar procesos internos, distribuir cargas operativas y apoyar actividades técnicas, entre otras labores.

No obstante, una de las preocupaciones señaladas desde la perspectiva presupuestaria es que el costo de la prima de la póliza no es uniforme, sino que depende de la edad de cada persona, lo que genera una “incertidumbre presupuestaria”.

Falta de controles

Una de las debilidades identificadas es la falta de claridad sobre las tareas asignadas, la asistencia y los horarios de este personal. El informe señala que, en la mayoría de los casos, la institución no tiene claro cuáles son las funciones de estos servidores ni cuál es su horario establecido.

El informe señala que, durante el periodo constitucional 2010-2014, la Asamblea llegó a registrar 138 funcionarios ad honorem, de los cuales 32 estaban asignados al despacho de un solo diputado.

Esta cifra no necesariamente corresponde a la cantidad de personas que permanecen activas de manera simultánea.

La inquietud del Directorio sobre esta figura surgió prácticamente desde su instalación, según las actas.

Durante la sesión del 13 de mayo, tras conocerse una serie de nombramientos de esta naturaleza, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, advirtió sobre la necesidad urgente de establecer controles.

El primer secretario de la Asamblea Legislativa, Gerald Bogantes, confirmó en declaraciones anteriores a Grupo Extra que se realizan investigaciones de carácter administrativo dentro del Congreso, entre ellas las relacionadas con el nombramiento de asesores ad honorem.

“Yo creo que cuando uno entra a gerenciar, lo primero que un buen gerente o un grupo de gerentes hace es una auditoría de qué es lo que hay y qué es lo que no hay y en qué se está invirtiendo los recursos”, aseguró Bogantes.

Acceso a puestos interinos

Otro de los puntos analizados es la posibilidad de que el personal ad honorem solicite su incorporación a la Bolsa de Empleo de la Asamblea Legislativa prácticamente desde el momento de su nombramiento.

Recursos Humanos considera que la experiencia adquirida dentro de la institución podría otorgarle una ventaja práctica o un conocimiento previo del funcionamiento legislativo frente a otros aspirantes externos.

No obstante, el informe reconoce que, una vez formalizado su nombramiento, estas personas adquieren la condición de servidores públicos y conservan el derecho de participar en los procesos institucionales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Para equilibrar ambas situaciones, se propone reformar el artículo 9 del Reglamento para el Reclutamiento y Selección de Funcionarios Interinos y exigir que el personal ad honorem haya prestado servicios de manera ininterrumpida durante al menos un año antes de ingresar a la Bolsa de Empleo.

Por su parte, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, valoró positivamente que se realicen ajustes administrativos, pero advirtió que estos no deben desencadenar una persecución laboral.

“Consideramos que esto no debe formar parte de una estrategia para perseguir a funcionarios que son neutrales a la hora de realizar su trabajo o que no son afines. Esperamos que no se busque desfinanciar su labor ni afectar a las personas que hoy están siendo perseguidas por el actual Directorio Legislativo”, dijo Padilla.

¿Qué son los funcionarios *ad honorem*?

• Son personas nombradas formalmente por la Asamblea Legislativa para realizar funciones públicas, pero sin recibir salario.

• Aunque no reciben salario, tienen los mismos derechos y obligaciones que los funcionarios remunerados, salvo aquellos relacionados con el pago salarial.

• No reciben aguinaldo, vacaciones, cesantía ni otros beneficios salariales. Sin embargo, cuentan con una póliza básica contra accidentes y pueden acceder al servicio médico institucional, con las limitaciones establecidas.