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El tono confrontativo y directo que marcó la administración de Rodrigo Chaves provocando ataques entre instituciones del Gobierno han generado que se realicen menos proyectos a favor de los costarricenses. Esa es una de las principales conclusiones del última informe del Estado de la Nación, que analiza el primer gobierno chavista.
Según el análisis realizado por los investigadores, para el período 2022-2026, presidido por Chaves, los ataques desde el Ejecutivo hacia otros poderes del Estado aumentaron un 1520% más al cierre de su administración.
“Pasaron de 10 durante el primer año de la administración Chaves Robles a 18 en el segundo, 88 en el tercero y 152 en el último, lo que representa un incremento de más de 15 veces respecto al inicio del mandato”, detalla el Estado de la Nación.
Según el investigador Ronald Alfaro, estos ataques entre instituciones del Gobierno, además, se han visto potenciados por las respuestas que se le dan al Ejecutivo, lo que genera que no se trabajen los proyectos de mejora para la sociedad.
“El sistema más bien se enfrasca en el ataque y en la defensa, entonces desatiende toda esta otra tarea de lograr encontrar soluciones por la vía política, nuevos proyectos, nuevas leyes, incluso”, expresó Alfaro a Grupo Extra.
Según el análisis del Estado de la Nación, se dieron un total de 1.893 alusiones a otras instituciones de Gobierno, de las cuales “856 (45%) correspondieron a comentarios personales negativos y 649 (34%) a intervenciones de control político con connotación negativa, mientras que 303 (16%) correspondieron a intervenciones de control político con connotación positiva”, en su mayoría referidas por Rodrigo Chaves.
Los comentarios negativos estuvieron principalmente dirigidos al Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este último relacionado con el proceso de levantamiento de inmunidad contra el expresidente por los presuntos delitos de beligerancia.
El informe especializado además señala que la administración de Rodrigo Chaves se consolidó como el período donde se dio la menor aprobación de leyes propuestas desde el Poder Ejecutivo.
El documento señala que “el Gobierno convocó 273 proyectos de ley para su discusión en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, una agenda que puede incluir tanto iniciativas gubernamentales como propuestas de las diputaciones. De esos proyectos, 33 fueron aprobados, para una tasa de éxito del 12%, la más baja desde que existen registros”.
Si bien desde el Poder Legislativo, el oficialismo no contaba con una mayoría legislativa para aprobar con facilidad los proyectos, para el investigador Alfaro estos resultados se deben a una falta de negociación con las demás bancadas.
“Cuando eso ocurre, usted trata de construir coaliciones o acuerdos para lograr reunir el apoyo que se requiere para impulsar sus medidas. Si usted no apuesta por coaliciones, es muy difícil que el Congreso logre aprobar leyes. Por eso sabemos que el rendimiento de la administración Chaves es mucho menor que las administraciones recientes que también experimentaron problemas similares”, detalló el investigador.
A este panorama, según el Estado de la Nación, se suma una cifra histórica de vetos por parte del Poder Ejecutivo, con un total de 17 proyectos rechazados desde Zapote, “la cifra más alta de este período, casi cuatro veces el promedio de las tres administraciones anteriores”, y de los cuales seis terminaron en resello desde el Legislativo.
Contrario a los comportamientos de gobiernos anteriores, la administración Chaves Robles se vio marcada por un control político y fiscalizador hacia las fracciones de oposición; una práctica poco habitual según señala el informe.
“En un escenario usual, los partidos oficialistas por lo general tienden a hacer muchas más iniciativas de ley que control político. ¿Por qué? Porque lo que sobre todo lo que les interesa es impulsar su agenda, apoyar o aprobar proyectos que estén orientados a sus intereses”, explicó el investigador Ronald Alfaro.
El informe amplía al señalar que durante la administración Chaves Robles existió “una baja capacidad del Ejecutivo para impulsar sus prioridades y concretar políticas públicas de alcance significativo”.
A esto se suma una menor cantidad de decretos presidenciales, los cuales se mantuvieron por debajo de la cantidad de gobiernos anteriores, ya que “las nueve administraciones que gobernaron desde 1990, cada una promulgó, en promedio, 728 decretos; en su último año, la administración Chaves Robles emitió 585”.