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Un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa apunta a un supuesto tráfico de influencias y presiones externas en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El documento se emitió luego de que la Comisión hiciera una investigación de varias declaraciones de Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del PANI.
Luego de un mes de constantes audiencias, los diputados consideraron que Gabriel Aguilar, actual jefe de despacho Rodrigo Chaves, presidente de la República, podría haber cometido el delito de tráfico de influencias en beneficio de Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch.
Cabe señalar que Ohana se reunió con Chaves en al menos dos ocasiones en Zapote y de acuerdo con los diputados, Aguilar no solo hizo llamadas por orden del jefe sino metió mano en distintos procesos relacionados a la esposa de Baruch.
“La intervención de Aguilar podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias en beneficio de una de las partes del proceso, por lo que se recomienda testimoniar piezas ante el Ministerio Público”, indica el informe, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
En cuanto a Mary Munive, segunda vicepresidenta de la República, los legisladores consideran que intentó obstruir el trabajo de la comisión legislativa.
\”Esta comisión observa que la señora Vicepresidenta actuó con el fin de evitar que las diputadas y los diputados ejercieran control político sobre la gestión del Gobierno de la República en materia de niñez y adolescencia.
Este intento de obstrucción del control político de la Asamblea Legislativa, por parte de la Vicepresidenta de la República, constituye, no sólo una actuación irregular, sino una clara vulneración del principio de división de poderes y de pesos y contra pesos democráticos.
“El exceso de la señora Munive en sus competencias y actuaciones queda aún más claro cuando se observa que el Gobierno de la República faltó a la verdad ante la ciudadanía, el día 19 de junio, cuando anunció la salida de la señora Gloriana López Fuscaldo”, precisa el informe.
Sobre Jorge Rodríguez Vives, ministro de comunicación, no se registró ninguna irregularidad o recomendación por los diputados.
Estos recomiendan que la Procuraduría de la Ética investigue las presuntas acciones irregulares de los funcionarios públicos, si cometieron faltas a la ética y probidad.
Del mismo modo, piden que se analicen posibles sanciones legales para los implicados.
En cuanto al PANI, se pide iniciar una investigación interna sobre las posibles responsabilidades administrativas, penales y laborales en las que estarían incurriendo funcionarios.