Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Antes de que culmine la administración Solís Rivera, el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) asegura que rendirá el resultado del informe de auditoría forense, referente a la manipulación de créditos que habría sido orquestado, en palabras de la Fiscalía General de la República, por un “grupo criminal”, en el que figuran más de 15 personas como imputados.
Gustavo Fernández, director ejecutivo de Infocoop, conversó con DIARIO EXTRA después que este medio diera detalle de la denuncia del delegado del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Jorge Vargas, quien sostiene que a través de una constitución ficticia de las cooperativas adscritas a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (Fenacoot), (instancia que preside) se sustrajeron ¢1.000 millones del Instituto.
Fernández, sostiene que justamente este caso evidencia cómo operó este grupo que lideraba el cooperativismo, entre ellos figura el exgerente de financiamiento del Infocoop, Alfredo Rojas, y el exsecretario del Conacoop Freddy González.
“Este es uno de los casos más importantes que se están investigando, justamente evidencia cómo funcionaban quienes gobernaban el Infocoop. Es un caso que evidencia los vínculos de la dirigencia de Fenacoot con la junta directiva y los representantes en Infocoop. Lo tenemos bien documentado, es parte de las investigaciones que la auditoría forense, que está en Infocoop, está realizando.
Sabemos que el caso es bastante serio, en el cual están implicados más de ¢1000 millones. (…) Esperamos que muy pronto se puedan dar los resultados de la auditoría forense. Tenemos una firma de mucho prestigio haciendo esa auditoría como es la KPMG que es internacional, la firma dará los resultados antes de que finalice el presente gobierno”, sostuvo Fernández.
Sobre las pérdidas, puntualizó que “solo en deterioro de cartera estamos hablando a diciembre del 2017 de más de ¢30 mil millones, que están proyectados como pérdidas”.
El Infocoop suma 10 meses de estar intervenido, en diciembre del 2017 el Gobierno amplió 7 meses la permanencia de la junta interventora, que con la llegada de la nueva administración, deberá determinar el rumbo que seguirá.
“Estamos a tiempo de que la institución se recupere. Los casos de corrupción son muy puntuales, no solo la corrupción sino negligencia en el manejo. Hemos ordenado una modernización del Instituto para que, a nivel de procedimiento y de reglamentos internos, la organización se estabilice y logre recuperar la esencia que establece la Ley 4.179, que es sobre todo llegarles a los sectores más vulnerables del país. Pero ese es un proceso más largo que va a tener que darle continuidad el nuevo gobierno; queremos dejar las bases de la denuncia con la auditoría forense y las bases de la modernización, esperamos que se pueda aplicar en marzo” concluyó.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tiene abierta la causa por los supuestos delitos de influencia contra la hacienda pública, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, y cohecho.