El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sacó las licitaciones para contratar al personal que se requiere para la elaboración del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
Se trata de un presupuesto de ¢2.360 millones que incluye las regiones de Alajuela, Cartago, Zona Sur, Huetar Norte y Heredia, indica la información publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El INEC señaló que este proceso es importante para recolectar datos que evidencien las necesidades de los hogares y personas que habitan en el país tras las consecuencias de la pandemia. De igual modo permitirá medir la desigualdad social, ya que ahora se podrán actualizar los mapas de pobreza que permitan identificar las concentraciones de personas en dicha condición.
Para 2022 el Censo Nacional por primera vez contaría con información sobre aspectos como niveles de discapacidad, cuido de personas menores y de adultos mayores, lo que permitiría a las instituciones tomar decisiones y priorizar proyectos en beneficio de esta población.
De acuerdo con el INEC, los datos deben verse como un bien público en beneficio de todos los ciudadanos. Indicó que constituyen un insumo para periodistas, académicos, empresarios, gobierno y organizaciones no gubernamentales.
El Censo Nacional de Población y Vivienda es una operación estadística, especializada en la recolección, elaboración, análisis, evaluación, publicación y difusión de datos sobre la situación demográfica, social y económica de la población.
También mide las condiciones de los asentamientos humanos en un momento dado, conformando una especie de radiografía social para la toma de decisiones.
Se estima que presentará un panorama de la situación general e indagar de manera superficial en temáticas específicas, por ejemplo, la autoidentificación étnica, la población con discapacidad, la insatisfacción de necesidades básicas o el acceso a servicios como agua y electricidad. Las necesidades de personal dependen de cada región del país.
El INEC señala que el censo debe asegurar la recolección de la totalidad de la información mediante un operativo de campo que asegure la cobertura de más de 5,2 millones de personas residentes en el país y de aproximadamente 1,8 millones de viviendas.
Participan en este proceso miles de personas, entre supervisores, censistas y rentistas, así como asociaciones de desarrollo comunal, uniones cantonales y federaciones, entre otros.