La amenaza de Industrias Infinito de demandar a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por no permitir los trabajos para la extracción de oro a cielo abierto en Crucitas no intimida a las autoridades costarricenses.
En el país los miembros del gobierno están seguros de tener las pruebas necesarias para defenderse de una eventual demanda, por eso no temen ir a los tribunales internacionales.
“Si nos demandan estaríamos confiados porque se está acatando a los tribunales locales y eso es una obligación. Llevaríamos las pruebas correspondientes si eventualmente hay que ir a los tribunales internacionales o a los de arbitraje si es el caso”, declaró René Castro, ministro de Ambiente, a DIARIO EXTRA.
RENOVACIÓN NO SE DARÁ
Castro recalcó que el proyecto de la minería a cielo abierto no tiene ninguna posibilidad para que se reviva, debido a que la detención de los trabajos en Cutris de San Carlos se hizo por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo.
El Ministro además hizo un llamado a los ambientalistas a no alarmarse por cosas que no se darán. “Les pido a los ambientalistas que no vean fantasmas porque eso es lo que estamos atestiguando, los trabajos en el lugar no se van a reanudar”, expresó.
¿SIN ESTÁNDAR ÚNICO?
Industrias Infinito quiere continuar con los trabajos de extracción en Costa Rica y aunque las autoridades locales aseguran que se apegarán a la decisión de los estrados judiciales, la empresa canadiense dice que se viola el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Aunque en Canadá se implementan sistemas de protección ambiental, la compañía involucrada en el caso parece que se olvidó de los lineamientos y aplica un estándar totalmente distinto en tierras costarricenses.
“No tengo idea de por qué una empresa se puede comportar con estándares diferentes en Canadá y Costa Rica, eso no parece coherente con la práctica moderna de grandes corporaciones, las cuales tratan de tener un estándar único”, acotó Castro.
La firma canadiense dio seis meses para llegar a un acuerdo, el cual tendría que contemplar el permiso para seguir con la explotación minera, de lo contrario interpondría la denuncia por un monto de $1.092 millones por las inversiones que ha realizado hasta la fecha.
Los trabajos en Crucitas se suspendieron en noviembre de 2010 y desde entonces Industrias Infinito calcula que ha dejado de percibir $1.000 millones por no desarrollar la actividad.
La tala de gran cantidad de árboles ha sido uno de los mayores daños para el lugar y los lugareños aseguran que la empresa nunca cumplió con las promesas que hizo al instalarse en territorio sancarleño.