La eliminación del “pre-stacking” o pre-apilamiento para la carga anticipada, por parte del Ministerio de Hacienda, generó costos esta primera semana de entre $500 y $800 por contenedor, debido a los movimientos adicionales para mover cada embalaje en un puerto sin espacio.
Así lo señaló la Cámara de Industrias de Costa Rica. El mayor temor es que estos costos se disparen conforme aumente la saturación de la terminal, lo cual no descartan en el corto plazo.
“Los importadores ya estamos pagando costos adicionales en Puerto Caldera, pero este cambio no solo encarece la operación portuaria, sino que genera aún más incertidumbre y retrasa la entrega de insumos esenciales para la producción nacional. Si no se toman medidas correctivas de inmediato, Costa Rica enfrentará consecuencias en su competitividad y en la confianza de los inversionistas”, advirtió Sergio Capón, presidente de la organización.
Recalcó que un país con puertos colapsados no puede sostener un modelo de desarrollo competitivo. “Es momento de tomar decisiones responsables, el ‘pre-stacking’ no es el mejor escenario, es el viable en este momento, y deben hacerse esfuerzos para que funcione de manera ágil y costo-efectiva. No podemos permitir que una decisión administrativa impacte la operación portuaria empeorando una crisis”, añadió.
Los empresarios destacan que, al entrabarse el engranaje de la operación portuaria, hasta un 30% de los servicios podría dejar de atracar en Costa Rica, y esto afectaría la competitividad del país en el comercio marítimo.
En el peor de los escenarios, podrían repetirse las largas filas de ingreso de unidades de transporte, tal como ocurrió en 2021, con picos de hasta un día de espera, con un promedio de 10 horas, lo que afecta toda la carga, ya que el puerto solo tiene una puerta de entrada y otra de salida.
En este momento, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) mantiene en proceso una licitación para modernizar la infraestructura. Y es que Puerto Caldera ha operado por encima de su capacidad durante más de una década, con niveles de ocupación que han alcanzado el 140% en momentos críticos.
La orden, comunicada el 21 de febrero de 2025 a la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), modifica los procedimientos de despacho de mercancías contenerizadas, priorizando el retiro de los embalajes con mayor antigüedad y estableciendo nuevas condiciones para la movilización de mercancías peligrosas, refrigeradas y de carga sobredimensionada. Esto obedece al Alcance General MH-DGA-RES-0246-2025, emitido por la Dirección General de Aduanas, instancia que justifica el cambio con fundamento en los artículos 80 del Cauca IV, 562 del Recauca IV, 112 Ley General de Aduanas, así como 332 y 333 del Decreto N° 44051-H, Reglamento Ley General de Aduanas.
