La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) nuevamente pega el grito al cielo por el impacto negativo del paquete de impuestos que promueve el Proyecto de Ley 20.580, que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, por las consecuencias para las familias y para la economía costarricense.
De acuerdo con Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia, el proceso de aprobación es atropellado, además genera serias dudas sobre los impactos finales que el mismo tendrá.
Advirtió que en materia del impuesto al valor agregado (IVA) y canasta básica, la forma en que se tramita el texto de ley traerá impactos que están siendo desconocidos por los diputados.
Por ejemplo, la moción recientemente acordada para dejar exentos los bienes de canasta básica no incluyó todas las correcciones que el texto requiere integralmente en su articulado para que los precios de los productos no tengan ninguna afectación.
Mediante una nota enviada el 22 de agosto, los empresarios de alimentos señalaron a los diputados que no se consideraron elementos como la posibilidad de aplicar créditos fiscales, ni compras autorizadas.
Hicieron referencia al abastecimiento de materias primas, insumos, maquinaria, equipo, servicios, empaques o embalajes, entre muchas otras compras de bienes y servicios requeridos para la producción de bienes de canasta básica, lo cual hace que la exención presente en el artículo 8, aprobado recientemente, problemas de seguridad jurídica para poderse implementar.
Esta situación producirá varios efectos, como el traslado del costo a los precios que pagará el consumidor final y la pérdida de competitividad del producto nacional frente al importado, pues este último no arrastra esta distorsión generada por el esquema tributario interno.
Cacia señala que en materia de renta, aún persisten propuestas que golpearán al consumidor y la competitividad empresarial, tal es el caso del incremento en los tramos de renta a los ingresos de las personas, por un lado, y por otro, un concepto de renta global, que terminará desincentivando el ahorro nacional y la inversión en el país, promoviendo la salida de capitales y su no retorno a suelo nacional.
Los empresarios insisten en que se propicien los espacios de tiempo, diálogo, discusión y negociación que todas las partes interesadas necesitan, para realizar las correcciones necesarias y hacer el menor daño posible.