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El proceso mediante el cual se realizó una indemnización por ¢7 mil millones levantó sospechas en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por ello acudieron a la fiscalía para interponer una denuncia.
Diana Murillo, gerente del Inder, dijo que quisieron dar a conocer los hechos por presuntos actos de corrupción. La denuncia se interpuso la semana anterior ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Se interpuso contra cinco personas, incluyendo exjueces de apellidos Briceño y Torres, así como un hombre apellidado García, quien laboró para el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), figura previa al Inder y cuyos servicios no fueron requeridos más. Además hay dos abogados de apellido Arauz.
“Veníamos haciendo unas investigaciones sobre posibles irregularidades que se habrían dado en el 2012”, agregó.
Los ¢7 mil millones se pagaron a personas que vivían en lugares antes de que se declararan territorios indígenas.
“Cuando se asume la administración intervenimos la Dirección Jurídica, encontramos anomalías, inconsistencias, donde se presume pudo haber delitos”, añadió la gerente.
Los presuntos delitos que presume Murillo son prevaricato y violación del principio de independencia judicial.
“Pudo haber un conflicto de intereses entre abogados, que actuaron primero como jueces y luego como abogados de indemnizados”, explicó Murillo, quien ligó los casos al Tribunal Contencioso Administrativo, pues se presume ahí laboraban los jueces.
Los ¢7 mil millones se depositaron en una cuenta en los Tribunales. El juez decidía a quién se le iba pagando el dinero. El Inder ya solicitó una lista para ver realmente a quién se le giró el dinero.
En 1977 se publicó un decreto que dividió al país en 24 territorios indígenas y al IDA le correspondió devolver las tierras.
“Hay gente que no era indígena y hubo que indemnizarla, pero había ocupantes de buena fe y de mala fe”, finalizó.