A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) recuperar varias fincas en el cantón de Talamanca, entregadas a manos privadas durante los años 90, en la institución aseguran que no es su responsabilidad.
“Esas 137 fincas no tienen nada que ver con el voto de la Sala Constitucional”, manifestó Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo del Inder, ante consulta de DIARIO EXTRA.
El funcionario hizo referencia a la sentencia de 2019 de la Sala IV, en la que derogó la Ley 9.223, de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, por medio de la cual se pretendía normalizar la condición de terrenos privados dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
En dicho fallo, el Alto Tribunal ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) determinar la ubicación de 188 hectáreas de bosque nativo dentro de propiedades privadas, pero en el interior del área protegida, por lo que serían parte del Patrimonio Natural del Estado.
De acuerdo con Artavia, el hecho de que la PGR incluyera al Inder en el caso corresponde a una simple interpretación de la entidad, pues “no somos los indicados por el voto”. Aseguró, además, que “esas 137 fincas no tienen nada que ver con el fallo de Sala IV”.
2014 ES EL LÍMITE
El presidente ejecutivo del Inder recordó que el fallo indica que se debía devolver la situación del refugio hasta previo a la aplicación de la ley impugnada, la cual entró en vigencia en diciembre de 2014, por lo que, según su criterio, excluye la recuperación de las fincas, ya que se entregaron entre 1990 y 1998.
“Esas fincas son de un plan de titulación que se dio desde 1988 por el decreto 18.220, creo que es. En su momento le habían dado un informe a la Procuraduría en donde decían de esas 137 fincas, pero hay que revisarlo, porque no están dentro de lo que es el voto”, externó.
Por tal motivo, el jerarca enfatizó que: “Si fuera el caso que el Inder nos diga: ‘recuperen’, pero nos tienen que decir qué, porque ellos nos dicen recuperen de esas 137 fincas el área boscosa, pero yo no tengo ningún documento (que diga) qué es bosque o qué no es bosque. Yo no soy boscólogo (sic), le digo a la gente vacilando. No soy el indicado para decir dónde hay bosque”, manifestó.
Además, comentó que desde el Inder contestaron a la Procuraduría y será esta institución la que determine, junto a la Sala IV, qué es lo que se debe hacer.
CASO PACHECO DENT
Sobre la audiencia que solicitó la PGR para el Inder ante la Sala Constitucional y así referirse específicamente a las fincas del empresario Pacheco Dent, Artavia declaró que aún no ha sido notificado, por lo que no puede referirse al tema.
Pacheco es investigado por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por haber recibido permisos de tala en una finca de su propiedad enfrente de playa Grande, en Manzanillo.
El Ministerio Público sospecha que en ese terreno había bosque nativo, por lo que sería ilegal entregar cualquier clase de autorización para el aprovechamiento de madera en el lugar, debido a la prohibición del cambio de uso de suelo, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Forestal.
De acuerdo con oficio enviado por la Procuraduría a la Sala IV, esos terrenos le fueron entregados a la firma Playa Manzanillo S.A., propiedad del empresario, por el Inder, como parte de la segregación de la finca original No. 39.050, del Partido de Limón.
Dentro del caso, tramitado bajo expediente 24-000003-0611-PE, también se investiga a cuatro funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac).