Independencia

Luis Guillermo Solís Rivera

Expresidente de la República

Cada año, cuando llega setiembre, aparecen por todo lado las banderas tricolores anunciando el “mes de la Patria”.  Empiezan los atronadores ensayos de las bandas escolares y colegiales, se desempolvan faroles y uniformes que se lucirán en los desfiles, y los centros educativos redescubren el civismo y convocan a asambleas conmemorativas en donde proliferarán los discursos recordando lo poco épica que fue la emancipación regional en 1821.  Hasta ahí, más o menos. Después vendrá un 12 de octubre cada vez menos lucido y empezará la preparación para la última “gran fiesta” antes de salir a vacaciones: Halloween.

De todo lo anterior, con menos sarcasmo, podría discutirse mucho, pero deseo apuntar dos asuntos históricos de esta temporada que siempre me han inquietado.  Primero, se disimula y desmerece el hecho innegable de que la independencia de la entonces provincia de Costa Rica fue parte de un proceso regional que rompió los lazos políticos -que no culturales-  de toda la Capitanía General de Guatemala, (no solo de Costa Rica) con España. Tanto así, que el Acta de Independencia se firmó en aquella capital el 15 de setiembre y no en Cartago, adonde la noticia llegó hasta el 29 de octubre y fue acogida, pero con justificado recelo, por los principales de la ciudad.

El segundo, es que si bien la independencia es importante, más lo fue lo que esta produjo en los años subsiguientes y hasta por lo menos 1838, cuando el Estado de Costa Rica se separa definitivamente de una Federación Centroamericana disfuncional, violenta y enclenque, ya en el umbral de una lucha geopolítica inevitable.  Y lo hace a tropezones, vacilante y medrosa (siempre aguardando que se “aclaren los nublados del día”) avanzando de la mano de una boyante economía cafetalera, hacia su constitución final como República en 1848.

Podría pensarse que los anteriores son meros “detallitos” que poco afectan al relato. No tanto.  Resulta que si aquello no se entiende, y nos quedamos en la mitología de un país que se retrata siempre dándole la espalda a su problemático vecindario, será difícil valorar tanto y como se debe, nuestro desarrollo posterior y hasta el presente. Ahí, en el presente, deseo detenerme.

En una entrevista con la agencia de noticias REUTERS hace pocos días, la señora presidenta de la República anheló la realización de operaciones militares de los Estados Unidos en territorio nacional, con el supuesto objetivo de paliar las condiciones de inseguridad que han aumentado exponencialmente durante los últimos cinco años. Aclaró la mandataria que eso no sería posible sin una autorización expresa de la Asamblea Legislativa, lo cual es cierto. También es cierto que ha existido una histórica cooperación entre Costa Rica y la superpotencia en temas de seguridad, materia en la cual ya existen múltiples acuerdos para el combate al narcotráfico incluidos los de patrullaje conjunto y otros similares. Eso es positivo y no debería producir escozor alguno.

Lo que sí es de suyo preocupante, es que en el actual contexto hemisférico, la presidenta insinúe (por decir lo menos) que es deseable que se permita a un país extranjero tutelar al nuestro en una materia en la que el Estado costarricense tiene la obligación de proteger; una obligación que es indeclinable, ineludible y consustancial con sus responsabilidades esenciales. Si ello ocurriese, Costa Rica perdería la capacidad de resolver autónomamente (como en 1821) la atención con criterio propio de un tema extremadamente complejo, por delicado y difícil que este sea.   Semejante sugerencia no debería pasar inadvertida, con sentido crítico, en vísperas de este 15 de setiembre.