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Una subjefe policial de Fuerza Pública de apellidos López Alvarado está siendo investigada por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Cartago, luego de que el departamento de prensa del Ministerio Público confirmó a DIARIO EXTRA que el pasado 9 de agosto, ingresó una denuncia en contra esta funcionaria por el presunto delito de peculado.
Además, este medio recibió una denuncia anónima, vía correo electrónico, en la que se describen algunos actos que esta oficial realizó.
MULTA
Según la denuncia, esta funcionaria “utiliza bienes del estado para su propio beneficio”, además, habría usado los vehículos de la delegación de Guadalupe de Cartago, en la que labora, para que la fueran a dejar a su vivienda.
Otro de los señalamientos que le hacen a esta oficial es que en una ocasión un policía de Tránsito, en un operativo, le realizó señales de alto y López “hizo caso omiso ante el mandato del otro oficial”. Ante la situación, a la oficial le realizaron un abordaje y cuando la detiene el agente se da cuenta de que “no era una conductora certificada por el Cosevi”, por ello, la oficial iba a ser sancionada, como debe ser, sin embargo, la persona denunciante manifiesta que López, utilizando “su investidura policial indicando que es subjefe de la delegación policial”, pero el agente del tránsito no le da importancia a eso y López “lo amenaza indicándole que no sabe quién es ella y que va a llamar al jefe de la policía de Tránsito para que no le realice los partes de tránsito correspondientes”, pero aun así la oficial fue multada.
ESCRITORIO
Por si fuera poco, en la denuncia emitida, manifiesta que López se adueña de los bienes del Estado, “ya que en la delegación de Quebradilla había un escritorio de madera utilizado por los oficiales de dicha delegación, además patrimoniado por la administración del Ministerio de Seguridad Pública, que ella, aprovechándose de su jerarquía, regaló a su padre”, señala la acusación.
Estos actos, de acuerdo con el documento que recibió DIARIO EXTRA, son de conocimiento de varios oficiales, quienes “por indicación de López utilizaron una unidad móvil para trasladar el escritorio a la casa de su padre”.
De confirmarse que esas acciones cometidas por la oficial son reales, según el artículo 361 del código penal, “el delito de peculado de uso sanciona con pena de entre tres meses y dos años de prisión al funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”.