Miembros del sector arrocero encararon a la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, y al presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), Víctor Julio Carvajal, por la denominada Ruta del Arroz impulsada por el Poder Ejecutivo.
En un foro realizado en la Asamblea Legislativa, trabajadores del campo y miembros de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) señalaron que el Gobierno “no tiene una ruta en materia agrícola”.
“Nosotros hemos avanzado en arroz libre de pesticidas y muchas técnicas para mejorar el grano, pero todo lo que hemos logrado va a desaparecer (con la Ruta del Arroz). ¿Por qué? Van a traer arroz jabonoso y masudo de los Estados Unidos, afectándonos. El Gobierno quiere poner el arancel a 3.5 para que los panameños me metan todo el arroz a mí… ¿y el mío? ¿Qué hago yo con todo lo que produzco? ¿A quién se lo vendo? No estamos de acuerdo con esa desregulación del arroz. Yo no necesito que me den plata para ir a sembrar plata, sino reactivar las economías mediante el arroz”, le reclamó el productor Andrés Vásquez Ulate, productor nacional, a la jerarca.
“Se nos ha denigrado mucho como productores y tenemos inseguridad alimentaria moderada en Costa Rica. ¿Quién nos asegura que los nuevos modelos que están proponiendo van a funcionar? Lo primero hubiera sido hacer un desarrollo un plan tecnológico agrícola de parte del Ministerio de Agricultura (MAG) y que haya una agenda para el sector agrícola, pero actualmente no se ve nada. Esa agenda, señora ministra, nos hace falta”, volvió a insistir el arrocero.
EN DETRIMENTO
Por su parte, Fernando Araya Alpízar, director ejecutivo de Conarroz, manifestó que la Ruta del Arroz “va en detrimento de los costarricenses”.
“Sobre la Ruta del Arroz: nunca nos habían dado tanta atención; esperemos que sea para mejorar y no para destruir. Para este tema, el sector arrocero no ha sido tomado en cuenta, ¡así de simple! Criterios técnicos, ¿dónde están los respaldos de las medidas (impulsadas)? ¡Eso es algo muy delicado!”, dijo.
“(Hablan) Sobre periodo de transición y adaptación. Eso ha generado una incertidumbre jurídica para todos los actores y a los señores diputados. Esto es grave porque va a alejar a las empresas de inversión de lugares rurales. Se sacrifica el producto nacional y, además, hay un impacto socioeconómico no cuantificado. Eso no se ha estudiado y se ha ignorado sin (darle) certeza al consumidor”, agregó.
De acuerdo con Araya, los más grandes son los que van a acaparar el mercado y con el sector arrocero va a terminar pasando lo mismo que con los frijoleros, maiceros o personas que importaban sorgo hace 30 años.
“Se habla de seguridad alimentaria y que se va a apoyar a las regiones rurales ¡Es cierto! Pero se va a apoyar al de Uruguay, Argentina y otros, pero no al de acá porque los aranceles en otros países son más altos y en Costa Rica más bajos. En nuestro país es de un 35% mientras que en Panamá es de 90%. Al traer (el arroz) de afuera, no va a poder competir y va a haber desplazamiento natural. ¡Eso ya está ocurriendo!”, precisó.
“¿Qué es lo que ocupamos? Trabajemos juntos y generemos la verdadera ruta del arroz, pero participativamente. De lo contrario, es una acción unilateral que causa una destrucción y ya está causando daños. En Parrita deberían ya tener 5.000 hectáreas sembradas y solo hay 2.000. La incertidumbre generada ha causado daños en muchas familias y ese daño ya es irreversible, esto no puede continuar de esa forma. ¿Cuál empresa va a invertir en zona rural si de un pronto a otro le quitan los aranceles?”, concluyó.