Expertos señalan irresponsable decisión del ministro Acosta.
Poder Judicial pide a las autoridades rectificación de medida.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lamentó el recorte presupuestario de ¢2.000 millones que se decidió aplicar para 2024, como parte de una medida tomada por el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el giro de esos recursos.
Durante varios meses de discusión sobre el presupuesto destinado a los cuerpos policiales y ante la creciente ola de violencia que ha marcado el año en curso, la mayoría de los legisladores intentó garantizar los recursos para las autoridades policiales.
“Es de importancia aclarar que este monto no se ejecutó durante el 2023, en primera instancia porque la reforma legislativa fue publicada en La Gaceta el 1 de noviembre, siendo que el plazo que existe para poder hacer las compras finaliza el 30 de octubre, a pesar de esto se logró comprar algunos artículos de interés, entre ellos armas de fuego”, informó el departamento de Prensa del OIJ.
Durante noviembre la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto legislativo No.10419, en el cual se señala que el Artículo 5 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República no se aplicará a los Programas 928-Servicio de Investigación Judicial, 929-Servicio de Ejecución de la Acción Pública, 930-Defensa Pública, 950-Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, todos del título Presupuestario 301-Poder Judicial, los dineros se pueden transferir de una partida a otra con el fin de ser ejecutados.
El OIJ, por su parte, asegura que estas decisiones limitan los esfuerzos y trabajos que se han venido realizando semanas tras semana para combatir el crimen organizado.
“El compromiso y abnegación por parte de los compañeros y compañeras se mantienen. Nosotros tenemos ya la programación de varios casos grandes. Yo quisiera hacer énfasis en una situación que nos está afectando en este momento y es la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de quitarnos ¢2.000 millones del presupuesto del OIJ.
Esto nos va afectar las próximas semanas porque no vamos a poder trasladar los dineros que teníamos pensado para generar o construir un nuevo edificio del OIJ que se ubica en el barrio Los Ángeles para que todos los trabajadores que hoy hacen un gran esfuerzo tengan un espacio para reunirse y realizar más operativos como los que estamos haciendo. Todos debemos trabajar en la misma sintonía”, declaró Randall Zúñiga, director de OIJ.
Además, recalcó que los grupos criminales cuentan con suficientes recursos, lo que les permite llevar a cabo sus operaciones, situación que limita aún más el trabajo policial.
“Cuando vemos la cantidad de dinero que manejan estos grupos criminales, a veces alrededor de ¢6.000 millones, ¢8.000 millones o ¢12.000 millones versus lo que el OIJ puede recibir, es bastante importante.
Esta decisión de Hacienda lastimosamente ya nos va a perjudicar. No es dinero que estamos pidiendo extra, es dinero que ya tenemos dispuesto, que los señores y señaras diputadas también manifestaron su voluntad que el OIJ pueda hacer transferencias a lo interno para que se invirtiera en lo que mejor sirva.
La ley es específica, no hace ninguna excepción o interpretación como lo está haciendo Hacienda y en este caso nos vemos bastante afectados”, agregó el director de la policía judicial.
EN RÍO REVUELTO,
GANANCIA DE PESCADORES
El recorte del presupuesto creó preocupación en distintas posiciones a nivel social, sobre todo en el contexto de violencia que enfrenta el país en el último año al combatir delitos como sicariato, detección de carteles internacionales, ajustes de cuentas y otros asociados al narcotráfico.
“La posición del Ministerio de Hacienda es bastante clara, su prioridad es el pago de intereses de deuda a tenedores de bonos que están protegidos por una extensión del secreto bancario a un elemento financiero.
Es decir, el rubro más grueso es para pagar deuda e intereses a no sabemos quién y para eso se destinaron para el próximo año ¢5,2 billones de gasto en el presupuesto nacional. Ese es el presupuesto de Hacienda, pagarles a esas personas, que además no se sabe quiénes son.
En resumen, prefieren unos indicadores de macroeconomía a atender los datos de la población”, explicó Rodrigo Campos Cordero, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Por su parte, Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública, calificó la decisión de Hacienda como irresponsable y falta de interés por parte de las autoridades ante la coyuntura social que enfrenta el país.
“Me parece increíble la actitud del Gobierno de Chaves, del ministro de Hacienda, de no querer darle recursos a la policía, que está haciendo esfuerzos importantes para golpear el crimen organizado. Pareciera que hay una actitud de no apoyar a esta fuerza policial que está ayudando a la sociedad a luchar contra el crimen organizado.
Me parece increíble que sus diputados oficialistas no hayan aprobado el presupuesto para apoyar al OIJ. La actitud del gobierno es una cuestión totalmente preocupante, nunca antes vista.
Hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Los señores y señoras diputados que tienen la rienda del gobierno, del país, que lo hagan y le den el dinero que corresponde al OIJ, que es el cuerpo policial que realmente está luchando contra el crimen organizado”, advirtió Mata.
La mayoría de los expertos consultados por DIARIO EXTRA calificaron de equívoca e irresponsable la decisión de recortar el presupuesto al OIJ, incluso dijeron desconfiar de esa medida.
“Me parece que es un grandísimo y garrafal error recortarle el presupuesto al sistema judicial porque en la que medida que eso se haga, quienes salen favorecidos son la impunidad y las estructuras criminales.
Se debería buscar las formas, si es que no alcanza el presupuesto, para reducir gastos y reducir a otras instituciones que no sean importantes, pero nunca va a ser tan importante como el sistema judicial del país o como la Caja Costarricense de Seguro Social. Esas dos instituciones no se deben recortar.
El error es gravísimo y hasta me deja un sinsabor y un grado de incertidumbre o desconfianza si esto se deba a acciones que nos puedan indicar en un grado de probabilidad que el narcotráfico y las estructuras criminales ya estén metidos en niveles de poderes del Estado.
Hay que hacer un llamado de reflexión y tomar las medidas ante esta situación. Estamos perdiendo el país, si no es que ya lo hemos perdido”, manifestó Juan José Acuña Leandro, abogado penal y experto en criminalidad.
RETROCESO SOCIAL
Y PREOCUPACIÓN
DIARIO EXTRA consultó a varias fracciones legislativas y al final muy pocas respondieron. Una de ellas fue la del Partido Nueva República, cuya jefa de bancada, Gloria Navas, se mostró preocupada ante la ola de inseguridad que golpea al país. “En relación con el recorte al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo que asciende a ¢2.000 millones, es un total retroceso a las políticas públicas, que son absolutamente necesarias para sostener, reprender y echar para atrás todo lo que se llame intervención policial técnica de la Corte Suprema de Justicia para establecer las acciones inmediatas de rechazo y contención a tanto homicidio que está ocurriendo en este momento.
Es una semerenda irresponsabilidad de parte del Poder Ejecutivo si se quiere tratar seriamente el tema de seguridad”, sentenció Navas, diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Hasta el 4 de diciembre el OIJ contabiliza 844 asesinatos perpetrados durante el último año, mientras que en 2022 se registraron 597, es decir, esa cifra fue sobrepasada por 247 casos.
La mayoría de estas muertes están ligadas al ajuste de cuentas o venganza por parte de las organizaciones delictivas y delitos asociados.
HACIENDA NO HA
RECORTADO RECURSOS
Ante las declaraciones brindadas por el director del OIJ, Hacienda mediante un comunicado indicó que mantiene el compromiso de apoyar a los cuerpos policiales en su lucha contra el crimen organizado.
“La incapacidad de ejecución del OIJ es lo que impide invertir ¢2.000 millones en programas para atención inmediata de la criminalidad, fin último para los que fueron asignados.
A diferencia de lo dicho por el OIJ, no existe una norma que sustente el traslado de estos recursos a un fideicomiso con fines de construcción de edificios. El OIJ no tiene ninguna limitación para hacer uso de todos los recursos con que cuenta el día de hoy”, explicó.