La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción imputó a 82 personas y 17 empresas vinculadas con el caso Cochinilla, según confirmó el Ministerio Público.
El 14 de junio de 2021, es decir, hace un año, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) fue sujeto de una serie de allanamientos vinculados con denuncias por presunta corrupción.
Las autoridades investigaron posibles pagos de sobornos de las empresas MECO y H. Solís en mayor medida a funcionarios públicos, con el fin de ser favorecidas en adjudicaciones y contratos con el Estado.
Eso motivó que se hicieran diligencias y se ordenara prisión para 30 personas, entre ellas funcionarios públicos y empresarios de renombre, como los gerentes de las empresas cuestionadas.
No obstante, la gran mayoría se encuentra en libertad y algunos burócratas continúan laborando en la institución, como si nada hubiese pasado.
El expediente judicial 19-000025-1618-PE se encuentra en análisis, a la espera de los estados actuales que ahí se deriven.
PARTE JUDICIAL
Glenn Calvo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, aseguró que la investigación avanza significativamente, a un año de la detención y las medidas cautelares. Agregó que el avance es notorio en cuanto al análisis de prueba que se pudo analizar, la formulación de la teoría del caso por parte del Ministerio Público y la posibilidad de indagatorias de personas físicas y jurídicas.
“Hemos logrado indagar a 82 personas que procesalmente se denominan imputados y 17 empresas jurídicas. Quizá lo más importante es que ha girado en torno a tres hechos que son importantes y destacables de la misma.
El primero de ellos es que es una investigación sui géneris. Inicia un tema de corrupción de una manera diferente a como han iniciado las demás. También desde un punto de vista legal estrena la Ley Penal de Responsabilidad de Personas Jurídicas”, explicó.
Calvo indicó que se tiene trabajo adelantado, pero que falta una gran cantidad de acciones que no dependen del Ministerio Público, sino más bien del Organismo de Investigación Judicial, como la apertura de prueba electrónica.
EN INVESTIGACIÓN
Ángela Mata, viceministra de Transportes, declaró a DIARIO EXTRA que llegar a esa cartera y encontrarse con los procesos fue interesante.
Comentó que su principal preocupación es cuando los imputados cruzan la línea, pierden el norte y dejan de ser funcionarios públicos.
“Estamos en un proceso de investigación interna de algunas denuncias que hemos recibido y les hemos pedido a nuestros colaboradores que cuando identifiquen algo que no está bien, que va en contra de la legalidad o que pueda estar generando alguna distorsión en el proceso, por favor lo denuncien”, manifestó.
La funcionaria confirmó que en los últimos días recibieron una serie de anónimos con denuncias sobre el manejo del Conavi, por lo cual tomaron nota de cada una de ellos.
La Procuraduría General de la República acordó reclamar ¢59.000 millones a los imputados en el caso Cochinilla.
14 DE JUNIO 2021
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público allanaron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial, empresas y casas de habitación de empresarios y funcionarios públicos. En total se hicieron 57 allanamientos y se detuvo a 30 personas.
26 DE JUNIO 2021
Solamente Carlos Cerdas, exdueño de MECO y Mélida Solís, dueña de H. Solís, quedaron privados de libertad hasta que realizaran los depósitos por $5 millones y $3 millones. Imputados quedaron con medidas cautelares, entre impedimento de salida del país y suspensión del cargo por cuatro meses.
29 DE JUNIO 2021
Carlos Cerdas y Mélida Solís lograron pagar la fianza y salir de prisión. La libertad les duró únicamente 3 semanas porque el 19 de julio debieron regresar a la Reforma y al Buen Pastor, respectivamente.
31 DE AGOSTO 2021
Un total de 45 personas más fueron indagadas por el caso Cochinilla, las cuales se sumaron a 32 que se tenía inicialmente desde el 14 de junio de 2021. Entre los imputados se encuentran funcionarios del Conavi, del MOPT, colaboradores de 14 empresas constructoras e inspectoras del programa de mantenimiento vial.
26 DE OCTUBRE 2021
El Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública ordenó una prórroga por cinco meses de las medidas cautelares contra 28 de las 75 personas vinculadas con Cochinilla. A Carlos Cerdas, propietario de MECO, y Mélida Solís, dueña de H. Solís, se les dejó en prisión. Tobías Arce, empleado de MECO, contará con monitoreo por medio de tobillera electrónica.
10 DE MARZO 2022
Las autoridades judiciales allanaron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la casa del entonces ministro Rodolfo Méndez Mata, vinculados con el caso Cochinilla.
26 DE MARZO 2022
Mélida Solís, dueña de H. Solís, y Carlos Cerdas, propietario de MECO, quedaron en libertad. Los empresarios cumplían prisión preventiva por aparentes actos ilícitos que se dieron a conocer en el caso Cochinilla. A cambio de su libertad, Cerdas y Solís debieron pagar fianzas de $10 millones y $5 millones, respectivamente.
EN SÍNTESIS
¿Qué es el caso Cochinilla?
-Es un escándalo de corrupción que investiga una red de crimen organizado dedicada a favorecer empresas privadas específicas en licitaciones, a cambio de presuntos sobornos y favores a funcionarios públicos. En apariencia el perjuicio habría sido por ¢78.000 millones.
¿Cuáles empresas están involucradas?
-MECO, H. Solís, Cacisa, LGC, Montedes y Also Frutales, entre otras.
¿Cuáles instituciones públicas golpeó el escándalo?
-Conavi, MOPT y Casa Presidencial.
¿Cuáles proyectos fueron citados en Cochinilla?
-Ampliación del puente binacional Sixaola, Garantías Sociales, carretera a San Carlos y ampliación de Ruta 32, entre otras.